Denuncia condiciones laborales precarias, pérdida de personal especializado y falta de transparencia en la movilidad de juzgadores en el Poder Judicial de la Federación
Por Félix Muñiz
El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, presentó un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados para exhortar al Órgano de Administración Judicial y al Tribunal de Disciplina Judicial a atender la grave situación que atraviesa el Poder Judicial de la Federación (PJF). El legislador advirtió que la implementación de la reforma judicial de 2024 está generando señales de alarma que, de no ser atendidas con seriedad, ponen en riesgo la correcta administración de justicia en México.
Crisis de violencia laboral
Moreira enfatizó que las denuncias por acoso, hostigamiento, presiones y violencia laboral han dejado de ser incidentes aislados en los pasillos judiciales para convertirse en una crisis que exige respuesta institucional. Los señalamientos públicos en entidades como Campeche y San Luis Potosí, así como denuncias al interior del propio Tribunal de Disciplina Judicial, demuestran, según el diputado, una respuesta insuficiente de las instituciones encargadas de prevenir y sancionar estas conductas.
“El problema no puede reducirse a conflictos laborales ordinarios; la cuestión de fondo es si el nuevo modelo cuenta con autoridades capaces de intervenir oportunamente, proteger a quienes denuncian e investigar eficazmente”, señaló el documento presentado ante la asamblea.
Pérdida de capital humano especializado
El segundo eje de preocupación expuesto por el legislador es la pérdida de conocimiento, experiencia y especialización acumulada durante años dentro de los órganos jurisdiccionales. Moreira señaló que el cambio provocado por la reforma, que implicó una sustitución de gran escala en magistraturas y juzgados de distrito, ha resultado en la salida de personal altamente capacitado.
El legislador advirtió que la impartición de justicia requiere conocimientos técnicos específicos por materia que no pueden sustituirse automáticamente. Citó como ejemplo las alertas sobre la posible posposición de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares debido a la falta de personal formado, extrapolando este riesgo al ámbito federal. Para Moreira, la pérdida de este capital humano significa desperdiciar años de inversión en capacitación y compromete la capacidad instalada necesaria para que los tribunales funcionen adecuadamente.
Exigencias del punto de acuerdo
Ante este panorama, el punto de acuerdo busca que las autoridades del PJF actúen de manera inmediata mediante las siguientes acciones:
Atención urgente: Atender de manera inmediata las denuncias de acoso, hostigamiento, presiones y violencia laboral al interior del PJF.
Retención de talento: Adoptar medidas concretas para frenar la pérdida de personal de carrera, capacitado y especializado.
Independencia judicial: Garantizar la protección de la carrera e independencia judicial.
Transparencia: Transparentar los criterios utilizados en las adscripciones, readscripciones y movilidad de personas juzgadoras.
Cumplimiento laboral: Cumplir íntegramente con las obligaciones laborales, prestaciones e indemnizaciones derivadas de la implementación de la reforma constitucional en materia judicial.
La propuesta del político coahuilense Rubén Moreira subraya que el nuevo modelo institucional debe demostrar capacidad operativa. La falta de respuesta ante estas señales de alarma, concluye el documento, amenaza con erosionar la estructura técnica y profesional construida durante décadas para la impartición de justicia en el país.