Acusa al gobierno de utilizar las instituciones judiciales para perseguir opositores mientras protege a personajes cercanos al oficialismo
Por Félix Muñiz
La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, se ha convertido en un nuevo frente de confrontación entre la oposición y el gobierno federal.
Para el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, el encarcelamiento del primer gobernador de oposición en la historia moderna de México representa un caso emblemático del presunto uso político de la justicia por parte de la llamada Cuarta Transformación.
El dirigente panista Jore Romero sostuvo que la falta de pruebas sólidas para acreditar que Ruffo Appel encabezó una supuesta red de huachicol fiscal, así como su traslado a un penal de máxima seguridad, evidencian una estrategia de persecución política que, a su juicio, busca intimidar a las voces críticas del régimen.
“Ernesto Ruffo es un preso político del gobierno de la 4T, que prefiere perseguir a opositores antes que llevar ante la justicia a los verdaderos criminales que se encuentran dentro de sus propias filas”, declaró Romero Herrera al cuestionar la actuación de las autoridades.
En una crítica frontal al oficialismo, el dirigente del PAN Romero Herrera afirmó que mientras se actúa con rapidez contra figuras de la oposición, personajes de Morena como Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Américo Villarreal y Marina del Pilar Ávila han enfrentado diversos señalamientos públicos por presuntos vínculos con grupos delictivos sin que, según dijo, exista una respuesta judicial con la misma contundencia.
El político del blanquiazul aseguró que esta diferencia de trato exhibe un sistema de justicia selectivo que castiga a quienes no forman parte del partido gobernante y protege a quienes cuentan con respaldo político.
El líder panista enfatizó que Acción Nacional no pretende colocar a nadie por encima de la ley y reconoció que toda persona debe responder ante la justicia cuando existan pruebas suficientes. Sin embargo, advirtió que fabricar culpables o utilizar las instituciones como instrumentos de presión política constituye una amenaza para el Estado de derecho y para la democracia mexicana.
Asimismo, sostuvo que el proceso contra Ruffo Appel presenta inconsistencias que generan dudas sobre la imparcialidad con la que se han conducido las investigaciones, especialmente tratándose de una figura histórica que abrió la alternancia democrática en México.
Finalmente, Jorge Romero hizo un llamado a las autoridades judiciales para revisar objetivamente las pruebas y garantizar el respeto al debido proceso. Afirmó que el PAN no permitirá que la justicia sea utilizada como arma política para construir “chivos expiatorios” y exigió la liberación de Ernesto Ruffo Appel al considerar que no existen elementos suficientes para justificar una medida cautelar tan severa. Según el dirigente, el caso representa uno de los ejemplos más graves del presunto deterioro institucional que, desde su perspectiva, caracteriza a la administración de la 4T y alimenta la percepción de una justicia subordinada a intereses políticos.