Guadalupe Murguía informó que comisiones dictaminaron 13 iniciativas para limitar el uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar; la falta de reglas claras sobre su resguardo y las diferencias entre niveles educativos abren interrogantes sobre su cumplimiento..
Por Félix Muñiz
El Senado de la República avanzó en la regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas al dictaminar conjuntamente 13 iniciativas presentadas por legisladores de distintos grupos parlamentarios.
Sin embargo, la propuesta deja pendientes aspectos prácticos sobre la aplicación de las restricciones, el resguardo de los dispositivos y la comunicación entre estudiantes y sus familias.
La senadora del PAN, Guadalupe Murguía Gutiérrez, informó que las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos Primera aprobaron un dictamen que establece disposiciones diferenciadas para educación básica, media superior y superior, con el objetivo de reducir las distracciones en las aulas y promover una utilización responsable de los dispositivos digitales.
En entrevista, la legisladora panista por el Estado de Querétaro Guadalupe Murguia explicó que para preescolar, primaria y secundaria se restringirá el uso de celulares durante la jornada escolar cuando no tengan fines pedagógicos. En bachillerato, las limitaciones podrán definirse mediante consultas con la comunidad educativa, mientras que en las universidades corresponderá a las autoridades determinar las medidas, respetando su autonomía.
La propuesta parte de un problema reconocido por docentes y autoridades: mantener la atención de los estudiantes resulta más complicado cuando los teléfonos se convierten en distractores durante las clases. También busca recuperar la convivencia entre alumnos y maestros durante los descansos, así como fomentar actividades deportivas y recreativas.
No obstante, una restricción normativa no garantiza por sí misma mejores condiciones de aprendizaje. Su efectividad dependerá de que existan criterios claros, mecanismos de aplicación y participación de las familias, además de estrategias educativas que enseñen a los menores a utilizar responsablemente la tecnología.
La propia Murguía reconoció que todavía no está definido cómo deberán resguardarse los celulares. Entre las posibilidades mencionó habilitar espacios seguros dentro de los planteles, aunque precisó que cada escuela podría adoptar medidas específicas.
Esta flexibilidad plantea interrogantes: si las condiciones quedan sujetas al criterio de cada institución, ¿cómo se evitarán diferencias en la aplicación de la norma? ¿Quién será responsable ante la pérdida o daño de un dispositivo? ¿Cómo se garantizará la comunicación urgente entre padres e hijos?
La senadora señaló que también se buscará la colaboración de madres y padres de familia para evitar que los estudiantes lleven sus teléfonos a la escuela. Sin embargo, la propuesta deberá precisar cómo conciliar esa participación con las necesidades de comunicación y seguridad de los alumnos.
Murguía indicó que el dictamen podría discutirse próximamente en el Pleno, aunque no confirmó su inclusión en la agenda inmediata.
El reto para el Senado será convertir el consenso legislativo en reglas claras, aplicables y proporcionales, sin reducir un desafío educativo complejo a la simple prohibición de los celulares.