El máximo órgano de Gobierno de (UAS) acordó interponer demandas penales en contra de la Auditoría Superior del Estado y de diputados locales
Por Félix Muñiz
En una decisión sin precedentes, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ha declarado persona “Non Grata” al actual gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, en medio de un clima de indignación por lo que se percibe como una persecución política hacia la institución y sus miembros.
La consejera directora, Francisca Villa Castillo, lideró la iniciativa de solicitar una demanda penal contra la Auditora Superior del Estado y varios diputados, incluyendo a Sergio Mario Arredondo, Ricardo Madrid, y lo que describió como “el nefasto Feliciano Castro”. Esta solicitud se basa en lo que se considera un ataque directo contra la integridad y autonomía de la Universidad.
Durante la Sesión Ordinaria, los consejeros universitarios fueron informados detalladamente sobre el origen y la naturaleza de la persecución política llevada a cabo por el Gobierno del Estado contra la UAS y sus miembros. En respuesta, expresaron su enérgica inconformidad ante los abusos perpetrados por el Gobernador y otras autoridades estatales.
Uno de los momentos más destacados de la sesión fue la propuesta del consejero maestro Teohari Guzmán Galindo de retirar la fotografía del ex rector Rubén Rocha Moya de la Sala de Ex Rectores y declararlo persona non grata para la Universidad. Esta propuesta, acompañada por el grito unísono de “fuera Rocha”, fue aprobada por unanimidad.
Los consejeros, maestros, directores y estudiantes reafirmaron su total respaldo al Comité para la Defensa de la Autonomía y al Plan de Acción presentado para enfrentar la persecución política. Se comprometieron a seguir luchando por la defensa de la Autonomía Universitaria y por el regreso del doctor Jesús Madueña Molina a su cargo como Rector Titular.
Es importante destacar que Rubén Rocha Moya, el actual gobernador de Sinaloa, ocupó el cargo de rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa durante el periodo comprendido entre 1993 y 1997. Esta declaración de persona non grata marca un momento significativo en la relación entre la institución educativa y las autoridades estatales, y refleja la determinación de la comunidad universitaria de defender su autonomía ante cualquier amenaza externa.