Cuestionó la redacción de la llamada “ley antimemes” y exige frenar su discusión para escuchar a medios, académicos y especialistas antes de someterla a votación
Por Félix Muñiz
La llamada “ley antimemes” llegó al Pleno de la Cámara de Diputados acompañada de una advertencia política y legislativa del PRI: el dictamen contiene un error grave que debería obligar a la mayoría parlamentaria a detener el proceso antes de aprobar un texto que, además, puede tener efectos intimidatorios sobre la libertad de expresión aseguró el coordinador de los diputados del PRI Rubén Moreira Valdez.
Desde tribuna, el legislador del PRI por el Estado de Coahuila Rubén Moreira fijó la postura de su bancada y anunció que sus diputadas y diputados votarán en contra de las disposiciones contenidas en las iniciativas provenientes tanto de San Lázaro como de la minuta enviada por el Senado de la República.
Moreira Valdez cuestionó que una reforma con posibles implicaciones para la libertad de expresión y los medios de comunicación pretenda avanzar sin una discusión suficientemente amplia. Por ello, planteó suspender temporalmente el procedimiento legislativo y abrir un espacio de diálogo con periodistas, medios de comunicación, académicos, especialistas, expertos y representantes de sectores relacionados con el ejercicio de las libertades.
Pero el priista llevó la crítica un paso más allá: puso en duda incluso la calidad técnica del documento que la mayoría pretende votar.
Con ironía, sugirió que los legisladores deberían consultar también a expertos en sintaxis para detectar los problemas de redacción que, afirmó, contiene el dictamen. Aseguró que existe un “gazapo” cuya gravedad puede terminar convirtiendo la discusión legislativa en motivo de “risa y carcajada”.
La acusación adquiere un matiz particular porque Moreira decidió no presentar una reserva para corregir públicamente el supuesto error ni revelar desde la tribuna dónde se encuentra. Su argumento fue que corresponde a la propia mayoría revisar el documento antes de llevarlo a votación.
“Chancita y lo votan”, ironizó el coordinador priista, al advertir sobre las consecuencias de aprobar un texto que, desde su perspectiva, no ha sido revisado con el cuidado necesario.
La crítica no se limitó a un problema de redacción. Moreira sostuvo que el fondo del asunto es suficientemente delicado como para no resolverlo mediante una votación apresurada. A su juicio, cualquier modificación que pueda incidir en la libertad de expresión requiere escuchar primero a quienes ejercen, estudian y defienden ese derecho.
“¿Y por qué no lo votamos cuando menos la semana que entra? Para encontrar el gazapo”, planteó a la mayoría legislativa.
La posición del PRI queda así definida: votar en contra de la llamada ley antimemes y exigir una revisión más profunda del dictamen.
El episodio exhibe uno de los puntos más sensibles del debate legislativo: cuando una reforma pretende regular expresiones, contenidos o conductas vinculadas con la comunicación, un error de técnica legislativa no es un detalle menor. Puede convertirse, precisamente, en el problema que después nadie quiso corregir.