Acusa que la medida rompe el equilibrio entre seguridad financiera y derechos individuales
Por Félix Muñiz
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de permitir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congele cuentas bancarias sin orden judicial encendió una nueva confrontación política en el Senado. Para la mayoría oficialista se trata de una herramienta cautelar para proteger al sistema financiero; para la oposición, en cambio, es un paso más hacia la concentración de poder.
El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, fue tajante: calificó la resolución como “un despropósito” y la vinculó directamente con lo que describió como la “construcción de un Estado autoritario” por parte de Morena.
A su juicio, el nuevo criterio rompe el delicado equilibrio entre el combate al lavado de dinero y la protección de las garantías individuales.
La Corte determinó que el congelamiento de cuentas no constituye una sanción penal, sino una medida cautelar orientada a prevenir delitos como el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo. Además, estableció que los afectados podrán impugnar posteriormente la decisión y ejercer su derecho de audiencia. Sin embargo, algunos ministros votaron en contra al advertir posibles afectaciones a derechos como la propiedad y el debido proceso.
Para el político priista por el Estado de Guerrero Añorve Baños, el problema no es menor. El legislador sostuvo que antes existía un control judicial previo que permitía a los ciudadanos defenderse antes de que se ejecutara una medida de esta magnitud. Ahora, dijo, ese filtro desaparece y se abre la puerta a decisiones basadas “solo en sospechas”.
“El poder cancelar las cuentas y aplicarte sanciones es peligroso para la democracia en México, para un país de leyes. El PRI nunca estará de acuerdo en crear este tipo de condiciones autoritarias”, afirmó.
El senador enmarcó la resolución dentro de lo que considera una cadena de acciones que apuntan a la concentración de poder: la desaparición de contrapesos institucionales, el debilitamiento del juicio de amparo, el presunto control político del Poder Judicial y la opacidad en obras públicas, además de las deficiencias en el sistema de salud.
Desde su perspectiva, el Congreso poco puede hacer frente a la mayoría oficialista. “Tú sabes perfectamente bien cómo opera Morena con sus mecanismos de control”, respondió cuando se le preguntó si el Legislativo podría frenar la medida.
Más allá del debate partidista, el fallo reabre una discusión de fondo: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad financiera sin erosionar los derechos fundamentales? La línea entre prevención y arbitrariedad, advierten los críticos, nunca había sido tan delgada.