El líder nacional del PRI acusa al gobierno de proteger a presuntos narcopolíticos de Morena y señala que la presión de Estados Unidos terminó obligando a actuar a la UIF
Por Félix Muñiz
El congelamiento de las cuentas financieras de Rubén Rocha Moya y otros nueve presuntos narcopolíticos vinculados a Morena en Sinaloa volvió a colocar al oficialismo bajo el reflector internacional. Lejos de representar una acción contundente del gobierno mexicano contra la corrupción y los nexos criminales, el caso exhibe, según la dirigencia nacional del PRI, la incapacidad y complicidad de Morena frente al avance del narcotráfico en las estructuras políticas del país.
El dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que el congelamiento de cuentas no responde a una voluntad genuina de combatir al crimen organizado, sino a la presión ejercida por instituciones financieras y autoridades de Estados Unidos preocupadas por las posibles repercusiones en operaciones bancarias internacionales.
A través de redes sociales, el senador del PRI Alejandro Moreno lanzó un severo señalamiento contra el gobierno federal al sostener que “la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Rubén Rocha Moya y otros nueve narcopolíticos morenistas de Sinaloa. Pero no porque este gobierno los esté investigando, eso ni de broma, sino por la presión de bancos mexicanos que podrían ver comprometidas sus operaciones con instituciones financieras de Estados Unidos”.
La declaración revela el creciente descrédito internacional que enfrenta el gobierno de Morena, acusado reiteradamente de actuar con omisión frente a las denuncias sobre presuntos vínculos entre actores políticos oficialistas y grupos del crimen organizado.
Para el PRI, el mensaje es claro: mientras las investigaciones y alertas llegan desde el extranjero, el gobierno mexicano mantiene una postura pasiva y complaciente con sus aliados políticos. En lugar de abrir investigaciones serias, transparentes y autónomas, Morena estaría apostando por blindar a sus operadores y garantizar impunidad a quienes hoy enfrentan señalamientos delicados.
La situación se agrava tras conocerse que dos de los personajes señalados ya se habrían entregado ante autoridades, lo que incrementa la presión sobre otros actores políticos presuntamente involucrados.
“Alito” Moreno sostuvo que el cerco internacional comienza a cerrarse y advirtió que las consecuencias políticas y judiciales podrían alcanzar a más integrantes del oficialismo. “La red narcomorenista tiene los días contados”, sentenció.
El caso no sólo golpea la narrativa anticorrupción de Morena; también profundiza la percepción de un gobierno rebasado por el crimen organizado, incapaz de investigar a sus propios cuadros y cada vez más dependiente de la presión extranjera para actuar frente a escándalos que deterioran la imagen de México dentro y fuera del país.