Exige cancelar la elección judicial y acusa al oficialismo de destruir la carrera judicial para someter la justicia al poder político
Por Félix Muñiz
La llamada Reforma Judicial, impulsada por Morena como una supuesta transformación histórica del sistema de justicia, hoy exhibe su verdadero rostro: improvisación, desorden institucional y un profundo riesgo para la democracia mexicana.
Lo que el oficialismo vendió como una modernización del Poder Judicial terminó convirtiéndose en un experimento fallido que ni siquiera el propio gobierno puede sostener.
La evidencia es contundente. Ante la imposibilidad técnica, jurídica y operativa de implementar la elección de jueces y magistrados, el régimen ahora plantea postergarla hasta 2028. Es decir, reconocen de facto que la reforma fue diseñada sin planeación, sin consenso y sin responsabilidad de Estado.
Desde el PRI, la postura es clara y frontal. El dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que el problema no se resuelve aplazando la elección judicial, sino cancelándola definitivamente para evitar un daño mayor al país.
“En el PRI lo decimos con claridad: más que postergar la elección judicial hasta 2028, debe cancelarse. Se debe respetar la carrera judicial y dejar de poner en riesgo la impartición de justicia en nuestro país”, afirmó el líder priista.
Y es que el fondo del problema es mucho más grave que un simple retraso administrativo. La Reforma Judicial representa un intento abierto por capturar políticamente al Poder Judicial, eliminando los criterios de experiencia, preparación y mérito que durante décadas dieron estabilidad a la carrera judicial en México.
Con esta reforma, Morena abrió la puerta a la designación de juzgadores improvisados, subordinados al régimen y condicionados por intereses políticos. En lugar de fortalecer la independencia judicial, el oficialismo pretende convertir a jueces y magistrados en operadores al servicio del poder.
El resultado ya comienza a verse: incertidumbre jurídica, debilitamiento institucional y una creciente desconfianza ciudadana hacia el sistema de justicia. Mientras el país enfrenta crisis de inseguridad, violencia y penetración del crimen organizado, el gobierno decidió dinamitar uno de los pocos contrapesos constitucionales que aún conservaban autonomía.
El fracaso de la Reforma Judicial confirma lo que múltiples especialistas, académicos y fuerzas políticas advirtieron desde el inicio: destruir al Poder Judicial por cálculo político tendría consecuencias devastadoras para México.
Hoy, Morena intenta esconder el desastre aplazando la elección. Pero la realidad es inocultable. La reforma no sólo nació mal diseñada; nació condenada al fracaso.