Alfonso Ramírez Cuéllar y representantes de más de 20 instituciones académicas y organizaciones civiles plantean un nuevo sistema anticorrupción, revisar el fuero legislativo y transformar las fiscalías; advierten que los mecanismos actuales tienen graves limitaciones
Por Félix Muñiz
La corrupción y la impunidad continúan siendo uno de los mayores obstáculos para transformar a México, pese a las reiteradas promesas de combate a las prácticas ilegales desde el poder.
En este contexto, el presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, recibió del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar un paquete de propuestas legales y constitucionales que busca modificar de fondo los mecanismos de prevención, investigación y sanción de estos delitos.
Durante el encuentro, el legislador de Morena por el Estado de México Higinio Martínez reconoció que ambos problemas se han convertido en un estigma para la clase política y advirtió que el país necesita una limpieza profunda, no otra reforma que termine convertida en discurso político sin consecuencias reales.
Uno de los asuntos que anticipó como motivo de un intenso debate legislativo es la eliminación del fuero. El senador mexiquense sostuvo que esta figura fue creada para proteger la libertad de expresión de los legisladores, no para garantizarles impunidad ni obstaculizar la acción de la justicia cuando existan señalamientos por posibles delitos.
La discusión resulta particularmente delicada porque la inmunidad procesal ha alimentado durante años la percepción de que ocupar un cargo público representa una protección frente a las responsabilidades legales.
Por su parte, legislador morenista Alfonso Ramírez, acompañado de más de 20 representantes de instituciones académicas y organizaciones civiles, planteó construir un nuevo sistema nacional anticorrupción, al considerar que el actual tiene limitaciones que impiden resultados contundentes.
Entre las propuestas destacan la reconstrucción del sistema nacional de fiscalización y auditorías, una reforma a la Auditoría Superior de la Federación, el rediseño de las fiscalías anticorrupción, la revisión del juicio político y una reforma integral al Código Penal.
También se propone modificar la legislación sobre extinción de dominio para enfrentar delitos como el huachicol fiscal y el contrabando de combustibles, además de establecer nuevas reglas para la administración pública.
La estrategia contempla tres mesas de trabajo: una en el Senado, otra en la Cámara de Diputados y una tercera con participación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CIDE.
La directora de este último organismo, Lucero Ibarra Rojas, destacó la responsabilidad de la academia y de la sociedad en esta tarea. En contraste, Susana Camacho Maciel, de México Evalúa, consideró necesario fortalecer la colaboración entre fiscalías y autoridades investigadoras.
Ramírez Cuéllar propuso incluso convocar a un periodo extraordinario para discutir las reformas.
Sin embargo, el verdadero desafío no será acumular iniciativas, sino garantizar que quienes incurran en corrupción enfrenten consecuencias. México no necesita otra colección de promesas anticorrupción: necesita instituciones independientes, investigaciones eficaces, sanciones y resultados verificables. De lo contrario, la anunciada regeneración de la vida pública corre el riesgo de convertirse en otro compromiso político sin cumplir.