Cerca de cinco mil trabajadores rechazan el aumento salarial de 6% y exigen mejores sueldos, prestaciones y condiciones dignas; la protesta deja a miles de ciudadanos sin poder realizar trámites relacionados con su credencial para votar
Por Félix Muñiz
La inconformidad laboral dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) escaló a un paro nacional que exhibe las condiciones en las que trabajan miles de empleados encargados de atender a la ciudadanía.
Cerca de cinco mil trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana suspendieron actividades en alrededor de 750 instalaciones de 20 entidades federativas, en protesta por los bajos salarios, prestaciones insuficientes y jornadas laborales que consideran injustas.
La movilización tuvo como punto de concentración la sede central del organismo, ubicada en Viaducto Tlalpan, en la Ciudad de México, donde más de mil empleados se manifestaron pacíficamente para exigir respuestas concretas de las autoridades electorales.
Los inconformes aclararon que su protesta no pretendía afectar la circulación vehicular, sino hacer visible una problemática que, aseguran, ha sido ignorada durante demasiado tiempo.
El detonante del conflicto fue la propuesta del INE de otorgar un incremento salarial de apenas 6 por ciento a partir de enero de 2027 para el personal con nivel FA1. Una oferta que los trabajadores consideran insuficiente frente al costo de vida y la responsabilidad de sus funciones.
Actualmente, sus percepciones rondan los nueve mil 600 pesos mensuales y demandan duplicarlas para alcanzar ingresos equivalentes a dos salarios mínimos. También exigen jornadas de lunes a viernes, reconocimiento de antigüedad, estabilidad laboral, mejores prestaciones, renovación de equipos de cómputo y dispositivos registrales, además de reglas justas para vacaciones y viáticos.
El paro se extendió a Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz.
Las afectaciones fueron desiguales. En Veracruz se reportaron cierres; en Puebla, suspensión de trámites; mientras que en Sonora la mayoría de los módulos permanecieron cerrados, con excepción de Guaymas. En Tamaulipas hubo interrupciones parciales y en la capital se atendieron únicamente citas programadas y con personal limitado.
La situación resulta particularmente preocupante porque miles de ciudadanos quedaron imposibilitados para realizar inscripciones al padrón electoral, renovaciones, reposiciones, cambios de domicilio y recoger sus credenciales para votar.
A esta inconformidad se suman denuncias de trabajadores de otras entidades, entre ellas Yucatán, Chihuahua, Zacatecas y Durango, quienes señalaron presuntas amenazas y presiones para impedir su participación.
El INE reconoció la legitimidad de las preocupaciones y manifestó disposición al diálogo, además de anunciar medidas para garantizar descansos, alimentos y mejores condiciones operativas.
Sin embargo, el problema no se resuelve con declaraciones ni ajustes menores. Resulta contradictorio que una institución responsable de garantizar los derechos democráticos mantenga inconformidades laborales de esta magnitud entre quienes hacen posible su operación cotidiana.
Los trabajadores advirtieron que mantendrán la protesta hasta obtener respuestas. El conflicto plantea una exigencia elemental: no puede reclamarse eficiencia institucional mientras se desatienden las condiciones laborales del personal que sostiene el servicio público electoral.