Arremete contra MORENA, MC y PAN por su papel en la licencia del gobernador, señalando un sistema marcado por la impunidad y la falta de carácter
Por Felix Muñiz
La política mexicana volvió a mostrar su rostro más decadente con la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, un hecho que lejos de representar un acto de responsabilidad, evidencia la podredumbre institucional que ha sido tolerada durante años.
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, denuncio que la salida del mandatario sinaloense Rocha Moya no es resultado de una decisión digna ni voluntaria, sino la consecuencia inevitable de una presión social que terminó por rebasarlo.
El señalamiento no es menor. El senador del PRI Alejandro Moreno calificó a Rocha Moya como un “narcogobernador”, retomando acusaciones provenientes incluso de instancias internacionales que lo vinculan con el crimen organizado.
En ese contexto, su permanencia en el cargo ya era insostenible. La indignación pública, alimentada por años de violencia, inseguridad y desconfianza, encontró finalmente un punto de quiebre. Sin embargo, su salida dista mucho de ser una solución: es apenas un síntoma más de un sistema que se desmorona.
La crítica no se limitó al gobernador. El líder priista Moreno Cárdenas lanzó una ofensiva directa contra los diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, quienes decidieron simplemente no presentarse a la votación clave sobre la sustitución del mandatario.
Este acto, lejos de ser una omisión inocente, representa una evasión deliberada de responsabilidades en uno de los momentos más críticos para el estado. En política, la ausencia también es una forma de complicidad.
Por su parte, la decisión del Partido Acción Nacional de abstenerse no resulta menos cuestionable. En un escenario donde lo que está en juego es la gobernabilidad y la credibilidad institucional, optar por la neutralidad no es prudencia, es cobardía.
Como señaló “Alito” Moreno, “no hay espacio para tibiezas ni medias tintas”. La ciudadanía no eligió representantes para que se escondan cuando las decisiones importan, sino para que enfrenten las consecuencias de sus posturas.
El caso de Sinaloa refleja una crisis más profunda: la normalización de la violencia, el encubrimiento político y la falta de consecuencias reales para quienes son señalados por actos graves.
Durante años, miles de familias sinaloenses han vivido bajo el miedo constante, exigiendo un cambio que nunca llegó. Hoy, la licencia de Rocha Moya no borra ese pasado ni garantiza un futuro distinto.
La crítica de Alejandro Moreno puede ser dura, incluso incendiaria, pero conecta con una realidad que resulta imposible ignorar. La política mexicana atraviesa un momento donde la indignación social crece al mismo ritmo que la desconfianza en las instituciones.
Y mientras los actores políticos sigan eligiendo la comodidad de la omisión o la ambigüedad, seguirán siendo parte del problema.
Lo ocurrido en Sinaloa no es un caso aislado, es el reflejo de un sistema que ha permitido que la impunidad eche raíces. La salida de un gobernador señalado no es justicia, es apenas el inicio de una deuda pendiente. Y esa deuda, tarde o temprano, tendrá que pagarse.