Raúl Bolaños-Cacho Cué respalda la intervención institucional y llama a evitar ataques políticos mientras se busca recuperar la paz en Oaxaca
Por Félix Muñiz
La desaparición de poderes en el Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, abrió un nuevo debate sobre la capacidad de las instituciones para responder ante escenarios de inseguridad y posibles vínculos entre autoridades y grupos delictivos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, respaldó la actuación del gobernador Salomón Jara Cruz y consideró que la respuesta institucional debe concentrarse en recuperar la paz y garantizar el Estado de derecho.
El Congreso de Oaxaca aprobó con 35 votos a favor y ninguno en contra la desaparición de poderes del Ayuntamiento de Juchitán, después de que el Ejecutivo estatal solicitara la medida.
Posteriormente, el mandatario oaxaqueño Salomón Jara designó a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal temporal para encabezar una transición orientada a mantener la gobernabilidad y los servicios públicos.
En entrevista, el líder de los diputados Raúl Bolaños sostuvo que el gobernador actuó correctamente al solicitar la desaparición de poderes en el Ayuntamiento y destacó la presencia del gobierno estatal en el municipio. También reconoció la coordinación con el Gobierno de México y respaldó la determinación mostrada por las autoridades federales y estatales.
Sin embargo, sus declaraciones colocan sobre la mesa una cuestión que trasciende la coyuntura política: ¿hasta dónde deben llegar las instituciones cuando existen indicios de posibles alianzas entre autoridades y organizaciones criminales?
El diputado afirmó que, donde se presenten situaciones de esta naturaleza, deberían replicarse ejercicios institucionales similares. No obstante, también estableció un límite: señaló que no corresponde a él deslindar responsabilidades individuales y que será la justicia, junto con el tiempo y el juicio histórico, la que determine las responsabilidades que correspondan.
Esta precisión resulta relevante en un contexto donde la seguridad pública suele convertirse rápidamente en terreno de confrontación política. Bolaños-Cacho Cué pidió evitar campañas de ataque que, desde su perspectiva, no contribuyen a devolver la tranquilidad a la población.
El Gobierno de Oaxaca ha informado que mantiene un despliegue coordinado con instituciones federales y estatales en Juchitán, con más de 250 elementos estatales y la participación de fuerzas federales.
La desaparición de poderes, por tanto, no debería entenderse únicamente como una decisión administrativa o política. También representa una prueba para las instituciones: demostrar que la intervención excepcional puede traducirse en seguridad, servicios públicos, transparencia y justicia para la ciudadanía.
El desafío de fondo será que la respuesta institucional en Juchitán, Oaxaca, no termine únicamente en el relevo de autoridades, sino que permita esclarecer responsabilidades y recuperar la confianza ciudadana sin sustituir la investigación y el debido proceso por acusaciones políticas.