La gobernadora de Chihuahua pide preservar la reforma que permite anular comicios con intervención criminal, mientras la Corte analiza su constitucionalidad
Por Félix Muñiz
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, colocó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un debate que trasciende las diferencias partidistas: cómo impedir que el crimen organizado interfiera en las elecciones sin debilitar los principios constitucionales que rigen los procesos democráticos.
En un mensaje difundido este lunes, previo a la sesión del Pleno prevista para el martes 29 de septiembre, la mandataria chihuahuense Maru Campos pidió a las ministras y ministros mantener vigente la reforma electoral aprobada por el Congreso de Chihuahua, que contempla la posibilidad de anular una elección cuando se acredite la intervención del crimen organizado, además de establecer restricciones para candidaturas vinculadas con grupos delictivos.
La gobernadora del PAN Maru Campos sostuvo que Chihuahua decidió incorporar estas disposiciones como respuesta a un problema que, desde su perspectiva, representa una amenaza para la libertad del sufragio. Afirmó que la reforma fue respaldada por las fuerzas políticas representadas en el Congreso local, salvo Morena, cuyos legisladores votaron en contra, y señaló que posteriormente ese partido promovió una acción de inconstitucionalidad contra diversas modificaciones electorales.
La discusión jurídica, sin embargo, exige algo más que consignas políticas. La SCJN analiza cuatro acciones de inconstitucionalidad relacionadas con las reformas electorales de Chihuahua, entre ellas la promovida por Morena, identificada como 99/2026. El debate comprende diversas disposiciones de la Constitución estatal, la Ley Electoral y el Código Municipal.
El planteamiento de Campos abre una reflexión necesaria: proteger el voto frente a la delincuencia organizada es un objetivo democrático, pero los mecanismos para conseguirlo deben ser claros, verificables y compatibles con la Constitución. La propia Corte ha sostenido recientemente, en otro asunto electoral, que las restricciones y sanciones deben sustentarse en conductas objetivas y comprobables, no en percepciones subjetivas.
La gobernadora afirmó que “el voto se decida en las urnas y no en los cuarteles del crimen” y pidió a la Corte confirmar la legislación completa. Su mensaje también plantea una responsabilidad institucional: evitar que la legítima preocupación por la influencia criminal se convierta en un instrumento para excluir candidaturas sin procedimientos sólidos o pruebas suficientes.
El desafío para las instituciones es doble. Por un lado, impedir que organizaciones delictivas condicionen candidaturas, campañas o resultados electorales; por otro, garantizar que cualquier restricción respete el debido proceso y los derechos políticos.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reforma electoral de Chihuahua será, por ello, un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo blindar las elecciones frente al crimen organizado sin dejar de blindarlas también frente a decisiones arbitrarias.