Avaló una recaudación de 10.6 billones de pesos y eliminó el límite de 300 millones de pesos para acceder al programa de regularización fiscal; PAN y PRI cuestionaron la constitucionalidad y el alcance de los estímulos
Por Félix Muñiz
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular con cambios, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, que estima una recaudación de 10 billones 636 mil 488 millones 100 mil pesos. Sin embargo, la modificación al programa de regularización fiscal abrió un debate sobre la equidad tributaria, el alcance de los estímulos y los beneficios que recibirán las empresas con adeudos fiscales de gran magnitud.
En la votación particular, el dictamen obtuvo 340 votos a favor, 109 en contra y cero abstenciones, por lo que fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales. El documento forma parte del Paquete Económico enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El cambio central fue la reserva presentada por Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, para eliminar el límite de 300 millones de pesos de ingresos anuales que condicionaba el acceso al Programa de Regularización Fiscal. Con ello, también podrán acogerse al esquema grandes contribuyentes que anteriormente quedaban excluidos.
Monreal sostuvo que la medida no representa una condonación de impuestos, pues los beneficiarios deberán cubrir íntegramente las contribuciones pendientes para obtener reducciones en multas, recargos y gastos de ejecución.
“No hay condonación de impuestos, no hay exención de impuestos”, afirmó, al defender que los estímulos permitirán recuperar adeudos, disminuir controversias fiscales y fortalecer las finanzas públicas.
El legislador estimó que el programa podría beneficiar a cerca de 30 millones de contribuyentes. También destacó la incorporación de aproximadamente 16 mil grandes contribuyentes, responsables de aportar al erario alrededor de 2.3 billones de pesos.
Desde Morena, Sergio Gutiérrez Luna y Sandra Anaya Villegas respaldaron la modificación bajo el argumento de que facilitar el pago de créditos fiscales puede ayudar a las empresas a regularizarse, invertir, generar empleos y emprender nuevos proyectos.
No obstante, la oposición cuestionó los alcances de la reforma. El panista Federico Döring Casar advirtió que el texto podría constituir un “borrón y cuenta nueva” inconstitucional, mientras que el priista Emilio Suárez Licona consideró que la propuesta es técnicamente incorrecta y podría encubrir condonaciones mediante estímulos fiscales.
La controversia no es menor: aunque el Gobierno defiende la recuperación de recursos públicos, ampliar los beneficios a grandes empresas obliga a precisar qué condiciones garantizarán que la medida no se traduzca en ventajas desproporcionadas frente a quienes cumplen puntualmente sus obligaciones tributarias.
La reforma eliminó del artículo Vigésimo Primero Transitorio tanto el tope de ingresos como la disposición que restringía el beneficio a créditos bajo competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT.
Con la aprobación de la Ley de Ingresos 2027, el debate pasa ahora al Senado, donde la discusión deberá considerar no solamente la meta recaudatoria, sino también la transparencia, la seguridad jurídica y la equidad fiscal.
El desafío será demostrar que la regularización permite recuperar ingresos sin debilitar la confianza de los contribuyentes que pagan sus impuestos en tiempo y forma.