Centralización, uso de Afores y deuda creciente: señales de un modelo económico bajo presión
Por Félix Muñiz
La advertencia no es menor ni aislada. El diputado federal Rubén Moreira Valdez ha puesto sobre la mesa una lectura inquietante del rumbo económico del país: las recientes reformas impulsadas por Morena no responden a una visión de desarrollo, sino a una urgencia fiscal que evidencia un gobierno sin recursos suficientes.
Lejos de ser ajustes técnicos, los cambios en materia de infraestructura configuran —según el legislador— un “rompecabezas” que revela una estrategia para compensar la caída en la inversión pública y el debilitamiento del crecimiento económico.
La concentración de la obra pública en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) no solo redefine la gestión de proyectos, sino que limita la capacidad operativa de otras dependencias, reduciendo la fiscalización y centralizando el poder en un solo ente.
El problema de fondo, insiste el legislador priista Ruben Moreira, es claro: el gobierno no tiene dinero. Y ante esa carencia, está dispuesto a buscarlo “de donde sea y de quien sea”.
La crítica se vuelve más aguda cuando se observa la reforma que permite utilizar hasta el 30% de los recursos de las Afores en proyectos gubernamentales. Una medida que, lejos de fortalecer la economía, abre la puerta a riesgos financieros que recaerán directamente en los trabajadores.
El economista Mario Di Costanzo lo explica con cifras contundentes: anteriormente, entre el 8% y 9% de estos fondos se destinaban a inversiones rigurosamente evaluadas.
Hoy, ese margen se amplía sin garantizar la rentabilidad de los proyectos, muchos de los cuales —advierte— podrían ser financieramente inviables. La consecuencia es evidente: el ahorro de millones de mexicanos se convierte en una herramienta para financiar decisiones gubernamentales cuestionables.
Más alarmante aún es el contexto en el que se dan estas reformas. Actualmente, el 52% de los recursos de las Afores —equivalentes a 8.6 billones de pesos— ya se utiliza para financiar deuda pública. Este dato no solo refleja la presión sobre las finanzas del Estado, sino que anticipa un escenario aún más complejo. Se estima que la deuda podría alcanzar los 21.6 billones de pesos para 2027, es decir, el 55% del PIB, un nivel que ya genera inquietud entre calificadoras internacionales.
Desde una perspectiva legal, el abogado Miguel Ángel Sulub advierte que estas medidas no son soluciones, sino síntomas de un problema estructural: un gobierno que recurre a mecanismos extraordinarios para sostener su gasto. Aumentos de impuestos, uso de fondos de vivienda y ahora las Afores forman parte de una misma narrativa: la falta de liquidez.
El trasfondo político tampoco pasa desapercibido. Moreira señala que la centralización de recursos y decisiones podría derivar en un modelo donde el gobierno no solo administra, sino controla. La línea entre política económica y concentración de poder comienza a difuminarse peligrosamente.
El panorama, lejos de ser alentador, apunta a mayores presiones inflacionarias, un mercado laboral más frágil y una creciente incertidumbre. La crítica no se limita a las reformas en sí, sino a lo que representan: un intento de sostener un modelo que, según sus detractores, ya muestra signos de agotamiento.
En este contexto, la pregunta no es si las reformas son necesarias, sino a qué costo. Porque cuando el ajuste toca el ahorro de los trabajadores, el margen de error se vuelve peligrosamente estrecho.