Afirma que el caso del exgobernador de Baja California evidencia la gravedad del presunto contrabando de combustible y cuestiona el legado político del panismo
Por Félix Muñiz
La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta relación con una investigación sobre huachicol fiscal, provocó una nueva confrontación política entre Morena y el Partido Acción Nacional (PAN).
El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier Velazco, sostuvo que este caso representa un golpe al discurso histórico del panismo y aseguró que “el papel aguanta todo lo que le escriban, la realidad no”.
En un posicionamiento de tono crítico, el legislador de Morena por el Estado de Puebla Ignacio Mier afirmó que el expediente abierto contra Ruffo Appel pone en entredicho el relato construido por el PAN desde 1989, año en que el exmandatario se convirtió en el primer gobernador de oposición en la historia contemporánea de México.
“El huachicol fiscal mató el mito del PAN de 1989”, expresó Ignacio Mier, al señalar que los hechos investigados contrastan con la imagen de transparencia y combate a la corrupción que durante años promovió Acción Nacional.
El senador morenista sostuvo que las dimensiones del presunto esquema de contrabando impiden reducir el caso a un error administrativo o a la actuación aislada de particulares. En ese sentido, enfatizó que el movimiento de más de 140 millones de litros de combustible con presuntos sellos aduanales falsificados constituye, de acreditarse judicialmente, una operación de gran escala.
“Mover más de 140 millones de litros de combustible con sello aduanal falso no es negligencia de un socio: es ingeniería de contrabando”, expresó el legislador, al insistir en que la magnitud de las operaciones descritas en la investigación refleja un mecanismo complejo que deberá ser esclarecido por las autoridades competentes.
Desde una perspectiva de crítica severa, las declaraciones de Ignacio Mier también colocan sobre la mesa un debate de fondo: la necesidad de que las investigaciones sobre huachicol fiscal se conduzcan con absoluta transparencia, sin importar la filiación política de los involucrados. La lucha contra el contrabando de combustibles exige instituciones capaces de investigar con rigor, preservar el debido proceso y garantizar que las resoluciones se sustenten en pruebas sólidas.
El coordinador parlamentario añadió que “la alternancia y su padrino Ruffo terminaron en El Altiplano. Hechos”, frase con la que buscó remarcar que, a su juicio, la realidad judicial pesa más que cualquier narrativa política construida durante décadas.
No obstante, el caso también plantea un reto para las instituciones encargadas de impartir justicia. En un Estado democrático, la solidez de cualquier acusación dependerá de la evidencia presentada ante los tribunales y del respeto al principio de presunción de inocencia.
Mientras el proceso judicial continúa, la detención de Ernesto Ruffo Appel ya abrió un nuevo capítulo en la confrontación política nacional, donde el huachicol fiscal se ha convertido en uno de los temas centrales del debate sobre corrupción, rendición de cuentas y responsabilidad pública.