Sostiene que la orden de aprehensión contra el exgobernador de Baja California refleja un uso político de la justicia y exige que prevalezcan la legalidad y el Estado de derecho
Por Félix Muñiz
La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, escaló la confrontación política entre el oficialismo y la oposición luego de que la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmara que el panista es un “preso político” y responsabilizara a una “jueza del acordeón” de haber emitido la orden de aprehensión que derivó en su encarcelamiento.
En entrevista, la legisladora del Partido Acción Nacional Kenia López sostuvo que el caso representa una señal preocupante sobre el funcionamiento de las instituciones encargadas de impartir justicia y advirtió que México no puede normalizar decisiones judiciales que, desde su perspectiva, favorezcan intereses políticos.
“Yo lo dije ayer y lo reitero: Ernesto Ruffo Appel es un preso político”, declaró López Rabadán al cuestionar que un presunto esquema de huachicol fiscal, que implicaría la participación de diversas autoridades municipales, estatales y federales, pueda recaer exclusivamente en un ciudadano.
La diputada argumentó que un entramado de esa naturaleza requeriría la intervención de múltiples servidores públicos, por lo que consideró incongruente que la responsabilidad se concentre únicamente en un exgobernador identificado con la oposición.
Desde una postura de crítica severa, López Rabadán sostuvo que el caso envía un mensaje de incertidumbre sobre la independencia del Poder Judicial. Recordó que, días antes, un juez de carrera había tomado una determinación distinta y aseguró que la orden de captura finalmente fue emitida por una juzgadora a la que vinculó con el llamado sistema de los “acordeones”.
“Hoy lamentablemente se materializa el apoyo al oficialismo”, afirmó la legisladora, quien consideró que existe una deuda ética y moral por parte de la jueza responsable de la resolución.
La dirigente parlamentaria advirtió que el país enfrenta desafíos mucho más profundos que la confrontación política. En ese sentido, señaló que México requiere fortalecer la legalidad, la seguridad y la impartición de justicia, en lugar de recurrir, dijo, a “cortinas de humo” que desvíen la atención de otros problemas nacionales.
Asimismo, enfatizó que la confianza internacional depende de la fortaleza de las instituciones y del respeto irrestricto al Estado de derecho. A su juicio, el país debe enviar señales claras a sus principales socios comerciales de que existe certeza jurídica para las inversiones y de que las decisiones judiciales se toman con independencia y apego a la ley.
La controversia también reavivó el debate sobre la autonomía del Poder Judicial y la necesidad de garantizar procesos imparciales en asuntos de alto impacto político. Mientras la oposición denuncia una presunta persecución política, corresponde a las autoridades judiciales sustentar cualquier acusación con pruebas y respetar el debido proceso.
El caso de Ernesto Ruffo Appel se mantiene como uno de los temas de mayor tensión en la agenda política nacional, al confrontar dos narrativas: la exigencia de combatir los delitos sin distinción partidista y la demanda de evitar que la justicia sea percibida como un instrumento de confrontación política.