El presidente del Senado respaldó que se revisen los casos y se determinen responsabilidades conforme a la ley, incluidos los plazos de prescripción
Por Félix Muñiz
El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, expresó su acuerdo con que se investiguen a fondo todos los ilícitos que se hayan cometido en el Instituto Nacional Electoral (INE).
Señaló que cada caso debe analizarse con seriedad y que, si se acreditan responsabilidades, las sanciones correspondientes deben determinarse conforme a la ley.
La postura del legislador pone el acento en la importancia de esclarecer cualquier irregularidad y fortalecer la rendición de cuentas en las instituciones públicas.
El legislador de Morena por el Estado de México Higinio Martínez afirmó que está dispuesto a que la revisión llegue “al fondo” y abarque todos los casos que puedan investigarse, sin limitar el análisis a un periodo específico.
El senador mexiquense también puntualizó que los problemas del INE no comenzaron con la llegada de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del organismo. Con ello, planteó que cualquier investigación debe considerar los antecedentes institucionales y no concentrarse exclusivamente en la gestión actual.
“Si quieren ir al fondo, pues vayamos a fondo en todo lo que se puede”, sostuvo Martínez Miranda al referirse a las demandas de investigar, sancionar y castigar los ilícitos que pudieran haberse cometido en el instituto. Añadió que existe disposición para revisar los casos, siempre dentro de los alcances que establece la legislación.
El presidente del Senado subrayó, además, que la ley determina cuándo puede prescribir un delito. Ese aspecto, dijo, debe formar parte de la revisión de cada expediente para establecer qué acciones legales aún son procedentes. La prescripción no sustituye la investigación: es un criterio jurídico que las autoridades deben aplicar al examinar los hechos y las fechas correspondientes.
La propuesta de investigar a fondo puede contribuir a aclarar responsabilidades, ofrecer certeza pública y reforzar la confianza en las instituciones electorales, siempre que los procedimientos se conduzcan con imparcialidad y sustento legal. Para ello, resulta clave distinguir entre señalamientos e ilícitos comprobados, así como garantizar que las personas involucradas tengan un proceso conforme a derecho.
Martínez Miranda reiteró su coincidencia con que se revisen todos los casos posibles. Su planteamiento apunta a que el debate sobre el INE no se limite a declaraciones políticas, sino que avance mediante investigaciones y decisiones legales. La determinación de responsabilidades y la aplicación de sanciones, cuando correspondan, deberán basarse en pruebas y respetar los plazos que marca la ley.