Cuestionó que el uso de prendas color guinda pueda interpretarse como inducción política o beneficio electoral para Morena
Por Félix Muñiz
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, calificó de exagerada la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) relacionada con el uso de los llamados “chalecos guindas” por parte de los Servidores de la Nación, al considerar que el color de la vestimenta no constituye, por sí mismo, un mecanismo de inducción política o electoral a favor de Morena.
Durante un encuentro con representantes de medios de comunicación, el legislador de Morena por el estado de México Higinio Martínez, señaló que no conocía a detalle la resolución, pero manifestó su desacuerdo con la interpretación de que utilizar prendas de determinado color pueda representar una ventaja partidista o influir en las preferencias de los ciudadanos.
Martínez Miranda argumentó que las personas tienen libertad para vestir distintos colores y que no debería atribuirse una identificación política únicamente por utilizar un chaleco, una chamarra o alguna otra prenda.
Como ejemplo, hizo referencia al color de la ropa de los propios periodistas y de los funcionarios, al señalar que vestir de guinda no convierte automáticamente a una persona en militante de Morena, de la misma manera que utilizar prendas azules no implica pertenecer al PAN.
El senador insistió en que el análisis sobre una posible inducción electoral no debería centrarse exclusivamente en la vestimenta. Incluso consideró excesivo que se plantee una investigación por el uso de determinados colores.
Ante las preguntas sobre si el Tribunal Electoral se había extralimitado en su resolución, respondió que, desde su perspectiva, sí, pues no encontró justificación para investigar a las personas únicamente por las prendas que utilizan.
No obstante, el planteamiento del legislador deja abierta una discusión sobre los límites entre la libertad individual de vestir y las obligaciones de neutralidad que deben observar los servidores públicos, particularmente quienes participan en la operación y difusión de programas sociales.
El debate no se reduce al color de un uniforme. También involucra el contexto en que se entregan los apoyos gubernamentales, la identificación institucional de quienes los distribuyen y las posibles implicaciones electorales de su promoción.
La resolución del TEPJF y las declaraciones de Martínez Miranda colocan nuevamente en el centro de la discusión la relación entre programas sociales, funcionarios públicos y equidad en las contiendas electorales.