Blanca Yassahara Cruz García confirmó que el expediente está prácticamente listo y que la investigación podría alcanzar a exfuncionarios de distintas áreas del organismo electoral, sin prejuzgar responsabilidades
Por Félix Muñiz
La denuncia que el Instituto Nacional Electoral (INE) prepara ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en contrataciones y procedimientos administrativos durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala abre un nuevo capítulo en el escrutinio sobre el manejo interno de la autoridad electoral.
El caso plantea interrogantes sobre los controles institucionales, la transparencia y la rendición de cuentas en un organismo cuya credibilidad depende, en buena medida, de su propia capacidad para actuar con apego a la legalidad.
La presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, confirmó que el documento se encuentra prácticamente terminado y que los equipos jurídicos trabajan en los últimos detalles para formalizar su presentación ante la Fiscalía.
En declaraciones a medios de comunicación, la funcionaria señaló que las diez consejerías del Consejo General coinciden en la necesidad de dar vista a las autoridades ministeriales para que investiguen los hechos y, en su caso, determinen las responsabilidades correspondientes.
Cruz García precisó que la denuncia no estará dirigida exclusivamente contra una persona ni contendrá una clasificación anticipada de delitos, pues corresponde a la FGR establecer si las conductas denunciadas tienen implicaciones penales.
Sin embargo, confirmó que la eventual investigación podría incluir a la propia Guadalupe Taddei, así como a quienes ocuparon la Secretaría Ejecutiva, direcciones, subdirecciones y otras posiciones administrativas durante el periodo señalado.
La amplitud de los posibles involucrados coloca el asunto más allá de una controversia entre funcionarios. Lo que está en juego es esclarecer cómo se realizaron determinadas contrataciones, quiénes intervinieron en los procedimientos y si existieron decisiones contrarias a las disposiciones legales.
Desde una perspectiva crítica, resulta indispensable que el INE no convierta este procedimiento en un instrumento de confrontación interna ni permita que las diferencias entre sus integrantes desplacen el objetivo central: conocer la verdad y establecer responsabilidades con pruebas.
También será fundamental que la FGR actúe con autonomía, rigor y transparencia, respetando la presunción de inocencia de todas las personas mencionadas.
La credibilidad del árbitro electoral no depende únicamente de organizar elecciones confiables, sino también de demostrar que sus propias decisiones administrativas están sujetas a vigilancia y consecuencias legales.
Por ahora, la denuncia está pendiente de presentación. El verdadero alcance del caso dependerá de las investigaciones y de que ninguna responsabilidad, si se acredita, quede sin esclarecer.