Tras permanecer más de cuatro años en prisión y recibir una condena de 80 años que posteriormente fue revocada por unanimidad por tres magistrados, pero intereses obscuros amenazan su libertad
Solicita a la Suprema Corte revisar su caso y reclama garantías para que su libertad no dependa del temor de quienes deben impartir justicia
Por Félix Muñiz
El caso de Marlen Esmeralda Esquivel Ríos vuelve a colocar bajo cuestionamiento el funcionamiento de la justicia en México: una mujer que afirma ser inocente, que pasó más de cuatro años privada de la libertad y que ahora enfrenta nuevamente la incertidumbre de un proceso judicial, pese a que tres magistrados revocaron por unanimidad la condena de 80 años de prisión que le había sido impuesta.
Su testimonio plantea una pregunta incómoda para las instituciones: ¿qué garantías tiene una persona cuando la autoridad que debería proteger sus derechos es señalada de cometer abusos? Su historia no constituye por sí misma una sentencia sobre la culpabilidad de terceros, pero sí exige que las denuncias sean investigadas con independencia y transparencia.
De acuerdo con su relato, todo comenzó con el robo de un tráiler de su negocio. Al emprender su búsqueda y acudir a las autoridades, asegura que terminó involucrada en un proceso por un delito que niega haber cometido. Posteriormente fue detenida y trasladada por tres centros penitenciarios, experiencia que describe como devastadora para ella y su familia.
La resolución de los magistrados Jonathan Cortés Vargas, Marco Antonio Lezama Moo y Denisse de los Ángeles Uribe Obregón, integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, permitió revocar aquella condena y ordenar su libertad.
Sin embargo, la incertidumbre no terminó. Esquivel Ríos denuncia que, después de esa resolución, el magistrado Jonathan Cortés Vargas enfrentó un procedimiento disciplinario y una suspensión provisional. A su juicio, estos acontecimientos podrían generar un ambiente de presión sobre otros juzgadores que deban intervenir en su expediente.
La acusación es delicada y requiere esclarecimiento. La independencia judicial no puede quedar subordinada a presiones, pero tampoco pueden darse por probadas las interferencias denunciadas sin una investigación objetiva.
Esquivel Ríos sostiene que el nuevo procedimiento, derivado de un amparo que obliga a resolver nuevamente su caso, no ordena condenarla ni establece su culpabilidad. Por ello, reclama que los jueces puedan valorar las pruebas sin amenazas ni condicionamientos y que se investiguen los posibles vínculos entre funcionarios de la Fiscalía y quienes, según denuncia, estarían relacionados con el delito.
También exige que se examine si existió discriminación y violencia institucional por razones de género. Considera que ser mujer y enfrentar una acusación penal no debe traducirse en humillaciones, prejuicios ni pérdida de dignidad.
Las consecuencias, afirma, alcanzaron a su esposo, familiares, trabajadores y personas que dependen de su negocio. Los años de prisión dejaron heridas que ninguna resolución judicial puede reparar por completo.
Por ello, solicitó públicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga su expediente, mientras pidió a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos acompañamiento y observación independiente.
Su historia obliga a reflexionar sobre una realidad que lastima la confianza ciudadana: cuando una persona denuncia abusos institucionales, el Estado tiene la obligación de investigar, garantizar el debido proceso y evitar que las decisiones judiciales respondan a presiones.
Marlen insiste: «Mi libertad tiembla, mi voz todavía resiste». Su exigencia es que las pruebas prevalezcan sobre cualquier consigna y que la justicia no se convierta en otra forma de castigo.