Alrededor de 250 extrabajadores tomaron las entradas del recinto legislativo para exigir apoyos económicos adicionales por 114 millones de pesos anuales
Por Félix Muñiz
La inconformidad de jubilados y pensionados de la Cámara de Diputados sorprendió este miércoles a los legisladores, luego de que alrededor de 250 extrabajadores cerraran desde temprana hora todos los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro, en demanda de la restitución de apoyos económicos extraordinarios que dejaron de recibir.
Ante la movilización, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, anunció la suspensión de la sesión ordinaria programada para este miércoles y determinó privilegiar el diálogo como vía para atender las exigencias de los manifestantes y encontrar una salida institucional al conflicto.
El legislador informó que, junto con el secretario general de la Cámara, Mauricio Farah, sostendría una reunión con una comisión representativa de los jubilados, con el propósito de escuchar sus planteamientos y explorar alternativas que permitan alcanzar acuerdos.
La protesta tiene como origen la exigencia de recuperar prestaciones económicas adicionales a las pensiones que los extrabajadores reciben legalmente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Los inconformes solicitan aproximadamente 14 mil pesos mensuales, además de una aportación extraordinaria de 50 mil pesos al cierre de cada año. En conjunto, sus demandas representan una erogación cercana a los 114 millones de pesos anuales para la Cámara de Diputados.
Frente a las restricciones presupuestales, las autoridades legislativas ofrecieron una alternativa consistente en un pago único de aproximadamente 56 mil pesos por persona, equivalente a cuatro meses del apoyo económico. Esta propuesta ya fue aceptada por 248 jubilados, aunque otro grupo mantiene su inconformidad y busca que se respeten las prestaciones reclamadas.
El conflicto también se encuentra en el ámbito jurídico, debido a que algunos extrabajadores acudieron a los tribunales en materia laboral para solicitar el reconocimiento de estos beneficios extraordinarios. La resolución de dichos procedimientos permanece pendiente.
La intervención de Bolaños-Cacho Cué representa un esfuerzo por mantener abiertos los canales institucionales de comunicación y evitar que las diferencias escalen.
El reto para la Cámara de Diputados será conciliar las limitaciones presupuestales con las demandas de quienes dedicaron años de servicio a la institución.
La mesa de diálogo constituye una oportunidad para revisar los argumentos laborales, financieros y jurídicos de ambas partes, y construir una solución que otorgue certidumbre a los jubilados sin comprometer la responsabilidad presupuestaria del Poder Legislativo.