Gina Campuzano advierte que las sanciones millonarias a proveedores de Internet podrían propiciar la eliminación de investigaciones periodísticas, denuncias y críticas al poder;
Acusa a Morena de privilegiar el control de contenidos sobre la rendición de cuentas.
Por Félix Muñiz
La reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, conocida como “Ley antimemes”, podría abrir la puerta a mecanismos de censura contra ciudadanos, periodistas y creadores de contenido, al tiempo que ofrecería herramientas para silenciar denuncias incómodas para el poder público, advirtió la senadora del PAN, Gina Campuzano González.
Al fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, la legisladora panista Gina Campuzano cuestionó el dictamen impulsado por Morena en materia de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de Internet, al considerar que, bajo el argumento de proteger los derechos de autor, se establecen disposiciones que podrían inhibir la libertad de expresión.
“No venimos a defender la piratería, venimos a denunciar el riesgo de censura, porque proteger al creador no es lo mismo que blindar al funcionario”, sostuvo desde tribuna.
Campuzano González señaló que la reforma contempla nuevas obligaciones para las empresas proveedoras de Internet, multas que podrían alcanzar casi cinco millones de pesos en determinados supuestos y políticas para suspender el servicio a quienes sean considerados infractores reincidentes.
El problema, advirtió, la política duranguense es que ante el riesgo de sanciones económicas las plataformas podrían optar por retirar contenidos cuestionados, sin que necesariamente exista una evaluación suficiente sobre su legitimidad. Esto pondría en peligro videos de denuncia, investigaciones periodísticas, caricaturas y publicaciones críticas.
La senadora alertó que organizaciones como Artículo 19 han advertido sobre los riesgos de establecer responsabilidades y sanciones sin garantías adecuadas. Incluso comparó el rumbo de estas disposiciones con experiencias de países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde, afirmó, las restricciones a las libertades comenzaron a debilitar el debate público.
En su intervención, vinculó la discusión legislativa con los señalamientos de presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE, incluidos contratos millonarios, posibles conflictos de interés y empresas relacionadas con operaciones en organismos electorales de 17 estados.
A juicio de la panista, estos asuntos salieron a la luz gracias al periodismo y a la difusión de información en redes sociales, precisamente los espacios que podrían resultar afectados por una legislación aplicada sin controles suficientes.
La crítica de Campuzano apunta a una contradicción de fondo: mientras existen denuncias que requieren investigación y esclarecimiento, Morena impulsa mayores sanciones sobre contenidos digitales. Sin embargo, las acusaciones contra cualquier servidor público deben investigarse y acreditarse por las vías legales, no resolverse mediante descalificaciones ni eliminación de publicaciones.
La legisladora exigió garantías para proteger las expresiones legítimas y evitar suspensiones injustificadas del acceso a Internet.
“Una ley de derechos de autor no puede convertirse en una ley de silencio”, sentenció, al insistir en que la ciudadanía tiene derecho a investigar, denunciar, cuestionar y exigir cuentas al gobierno.