Impulsa una reforma para sancionar a funcionarios que entreguen información, protección o recursos al crimen organizado y exige investigaciones autónomas, sin intereses partidistas ni impunidad
Por Félix Muñiz
La diputada del PAN Kenia López Rabadán propuso sancionar como traidores a la patria a los servidores públicos que establezcan acuerdos con organizaciones del narcotráfico y sometan o pretendan someter las atribuciones del Estado a las decisiones del crimen organizado. La iniciativa busca fortalecer la responsabilidad penal de quienes, desde el poder, utilicen sus cargos para favorecer intereses delictivos y comprometan la seguridad de las familias mexicanas.
En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora panista Kenia López informó que registró una propuesta para castigar a funcionarios que proporcionen deliberadamente protección, información, recursos públicos o facilidades operativas a organizaciones dedicadas a delitos contra la salud relacionados con el narcotráfico, cuando esas conductas pretendan subordinar funciones estatales a las instrucciones criminales.
La iniciativa contempla ámbitos estratégicos como la seguridad pública, la procuración y administración de justicia, el control migratorio y aduanero, así como las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Estado.
López Rabadán sostuvo que la discusión debe centrarse en quienes comprometen la soberanía y la seguridad nacional a cambio de poder, dinero o privilegios. Por ello, convocó a Morena, al Partido Verde Ecologista de México y al Partido del Trabajo a respaldar la propuesta, al considerar que el combate a la colusión entre autoridades y narcotraficantes debe estar por encima de las diferencias partidistas.
“Más allá de una discusión política o incluso ideológica, lo que necesitamos en México son garantías de seguridad, de paz, de estabilidad social”, expresó.
La legisladora también cuestionó la falta de información pública sobre las investigaciones relacionadas con imputaciones que, afirmó, autoridades estadounidenses han formulado contra el gobernador con licencia de Sinaloa y un senador de Morena. Asimismo, pidió conocer los avances de la indagatoria sobre un audio atribuido a la gobernadora de Baja California, en el que, según señaló, se habría ofrecido información a autoridades extranjeras para atender un asunto personal relacionado con su visa.
Ante estos señalamientos, López Rabadán reclamó investigaciones objetivas y fiscalías autónomas, capaces de actuar sin subordinación a partidos políticos o gobiernos. Subrayó que cualquier acusación debe esclarecerse mediante pruebas y procedimientos legales, sin privilegios ni persecuciones selectivas.
La propuesta abre una discusión relevante sobre la responsabilidad de los funcionarios y la defensa de las instituciones frente al narcotráfico. Sin embargo, su efectividad dependerá de una definición jurídica precisa de las conductas sancionables, de la proporcionalidad de las penas y del respeto al debido proceso.
El combate a la corrupción y a la infiltración criminal requiere voluntad política, instituciones independientes y resultados verificables. La iniciativa de López Rabadán coloca el tema en la agenda legislativa, pero su verdadero alcance se medirá por la capacidad del Estado para investigar y sancionar a cualquier funcionario involucrado, sin distinciones partidistas.