Anunció la intervención del Comité de Ética, restricciones para personas involucradas en la trifulca y nuevos protocolos de seguridad; el desafío será aplicar las sanciones con imparcialidad y evitar que el llamado al diálogo quede en un pronunciamiento político
Por Félix Muñiz
La violencia registrada en la Cámara de Diputados exhibió las dificultades para preservar el respeto y la convivencia en uno de los principales espacios de representación democrática del país. Ante estos hechos, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, aseguró que el recinto debe ser un lugar para debatir con firmeza, pero sin agresiones, y anunció medidas para investigar lo ocurrido y reforzar los controles de seguridad.
En conferencia de prensa, el legislador informó que la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por Ricardo Monreal Ávila, condenaron los hechos y acordaron solicitar la intervención urgente del Comité de Ética. La reacción institucional busca contener nuevas confrontaciones, aunque también plantea una exigencia de fondo: demostrar que las reglas parlamentarias se aplican por igual, independientemente de la filiación política de los involucrados.
Bolaños-Cacho Cué señaló que Movimiento Ciudadano presentó una queja ante el Comité de Ética, al que se solicitará dar prioridad al caso conforme a los procedimientos establecidos. Precisó que cualquier resolución deberá respetar el derecho de audiencia, la presentación de pruebas y los alegatos de las personas acusadas.
El Código de Ética contempla amonestaciones, remoción de cargos legislativos y descuentos en la dieta de los diputados. La determinación corresponderá al Comité, una vez analizados los hechos y las responsabilidades individuales. Este procedimiento será una prueba para la credibilidad de los mecanismos disciplinarios de San Lázaro, especialmente si existen diferencias políticas entre quienes denuncian y quienes pudieran resultar señalados.
Entre las medidas anunciadas destaca la elaboración de un informe detallado sobre las personas que participaron en la trifulca sin ser diputadas ni diputados. Mientras se determina su función dentro del recinto, se les restringirá el acceso al Palacio Legislativo. También se revisará si tienen vínculos laborales con la Cámara o alguna comisión, a fin de establecer las medidas correspondientes.
Asimismo, se modificarán los protocolos de ingreso. Los accesos al Pleno quedarán limitados a personas acreditadas mediante gafetes, mientras que legisladores, acompañantes y vehículos estarán sujetos a revisiones para verificar la identidad y función de quienes ingresen.
Aunque reforzar la seguridad resulta indispensable, las nuevas disposiciones deberán aplicarse con criterios claros y proporcionales, sin obstaculizar el trabajo legislativo ni convertirse en instrumentos de exclusión.
El presidente de San Lázaro sostuvo que no escatimará esfuerzos para impedir que se repitan estos episodios. Sin embargo, el llamado al respeto exige más que condenas públicas: requiere responsabilidad política, transparencia en las investigaciones y sanciones sustentadas en pruebas.
La Cámara de Diputados tiene la obligación de demostrar que las diferencias se resuelven mediante argumentos y procedimientos institucionales. Cuando la confrontación sustituye al diálogo, no solo se deteriora la convivencia parlamentaria; también se debilita la confianza ciudadana en sus representantes.