El llamado internacional abre una oportunidad histórica para combatir la impunidad y reconstruir la confianza en el Estado
Por Félix Muñiz
En su más reciente colaboración semanal en el periódico El Universal, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, planteó que México vive un momento decisivo en el que la discusión pública ha dejado de ser meramente política para convertirse en un imperativo moral.
Bajo el título “La ONU no miente: diario hay masacres en México”, el líder priista Alejandro Moreno subraya la necesidad de asumir con seriedad el diagnóstico emitido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la crisis de desapariciones en el país.
Moreno Cárdenas sostiene que cuando la ONU advierte que lo que ocurre en México puede constituir crímenes de lesa humanidad, no se trata de una postura ideológica ni de una narrativa partidista, sino de una evaluación técnica sustentada en estándares internacionales de derechos humanos. En ese sentido, destaca que el Comité contra la Desaparición Forzada ha sido claro al señalar que existen elementos suficientes para considerar que las desapariciones no son hechos aislados, sino parte de un fenómeno sistemático.
El dirigente priista enfatiza que el señalamiento no es menor, ya que implica responsabilidades que pueden alcanzar al Estado por acción, omisión o tolerancia. Más allá de la confrontación política, afirma, lo que debe prevalecer es la responsabilidad institucional para enfrentar una realidad que lastima profundamente a la sociedad mexicana.
En su texto, Moreno Cárdenas recuerda que más de 130 mil personas se encuentran desaparecidas en el país. Sin embargo, advierte que no se trata de cifras frías, sino de historias de vida truncadas y de miles de familias que han tenido que convertirse en investigadoras, peritos y buscadoras ante la falta de resultados suficientes por parte de las autoridades. Esa situación, señala, refleja un problema de impunidad estructural que debe atenderse con urgencia.
Cada fosa clandestina descubierta y cada hallazgo de restos humanos, expone el dirigente, representa una escena de masacre que no puede minimizarse. La ONU —subraya— no inventa esta realidad, la documenta. Y lo hace recordando que no es necesaria una política explícita de exterminio para que exista responsabilidad estatal; basta con la permisividad, la incapacidad o la omisión.
Frente a este diagnóstico, “Alito” Moreno observa que el gobierno federal ha optado por descalificar el informe, calificándolo de “tendencioso” o “falto de rigor”. No obstante, puntualiza que el debate no debe centrarse en la defensa discursiva de avances institucionales, sino en los hechos que continúan ocurriendo. “El problema no es lo que el gobierno dice haber hecho, sino lo que sigue pasando todos los días”, afirma.
El líder nacional del PRI sostiene que la ONU no tiene incentivos electorales ni intereses partidistas en México. Su función es observar, documentar y advertir cuando existen riesgos graves en materia de derechos humanos. Por ello, considera que su señalamiento debe asumirse como una oportunidad para corregir el rumbo y fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.
Alejandro Moreno concluye que negar la gravedad del problema no lo desaparece, y descalificarlo no lo corrige. En su visión, la legitimidad moral de cualquier gobierno depende de su capacidad para escuchar el dolor de las víctimas y actuar con eficacia. Mientras los informes se discuten, advierte, en algún lugar del país alguien está desapareciendo. Y ese hecho, silencioso pero constante, exige una respuesta firme, humana y responsable del Estado mexicano.