Rosario Piedra es insostenible en la CNDH en cualquier país democrático y funcional del mundo se ejecutoria su destitución
Por Félix Muñiz
La crisis de desapariciones en México ha dejado de ser un tema incómodo para convertirse en una herida abierta que ya no admite simulaciones institucionales.
En ese contexto, la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, Mancilla, anunció una estrategia que busca sacudir la inercia del poder: una “lluvia de juicios políticos” contra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a quien acusa de negligencia y solapamiento frente a los crímenes de desaparición forzada.
El anuncio no es menor. Llega en un momento en que el Comité de la ONU sobre desapariciones ha elevado el tono al clasificar estos hechos como crímenes de lesa humanidad, una categoría que implica responsabilidad internacional del Estado. Sin embargo, mientras la comunidad internacional endurece su diagnóstico, las instituciones mexicanas parecen atrapadas en la parálisis.
La legisladora del partido naranja Laura Ballesteros no solo cuestiona la actuación de Piedra Ibarra; plantea un rediseño del protagonismo político en este tema. Los juicios políticos —subraya— no serán una herramienta partidista, sino un instrumento en manos de las víctimas: madres buscadoras, colectivos y defensores de derechos humanos. En un país donde las cifras oficiales superan las 140 mil personas desaparecidas, el gesto es potente, pero también incómodo para una clase política que ha preferido administrar el problema antes que enfrentarlo.
La crítica de fondo apunta a la pérdida de autonomía de la CNDH. Para la legisladora, la permanencia de Piedra Ibarra es “insostenible” en cualquier democracia funcional. Y el señalamiento no es gratuito: la Comisión, concebida como contrapeso del poder, ha sido acusada de actuar con tibieza —cuando no con abierta complacencia— frente a las omisiones del Estado.
El problema, sin embargo, es más estructural que personal. Ballesteros lo reconoce al señalar que la responsabilidad no recae en un solo actor ni en un partido político específico. La desaparición forzada en México es un fenómeno transversal que involucra a distintos niveles de gobierno, fuerzas de seguridad e incluso redes criminales en colusión con autoridades. Casos como Ayotzinapa o las recientes revelaciones sobre vínculos entre funcionarios y el crimen organizado refuerzan esa narrativa.
Aun así, la estrategia de los juicios políticos enfrenta un obstáculo evidente: su carácter no vinculante. En términos prácticos, dependerá de la voluntad política del Congreso —donde la mayoría oficialista tiene un peso determinante— que estas acciones trasciendan el simbolismo. Ballesteros lo sabe y por eso lanza un llamado directo a todas las fuerzas políticas, incluyendo Morena, PT y Partido Verde, para que asuman una postura clara.
Más allá del Congreso, la diputada también anticipa una ofensiva internacional: recurrir a organismos en Ginebra para evaluar la autonomía de la CNDH y acudir a instancias interamericanas para denunciar al Estado mexicano. Es un movimiento que evidencia la falta de confianza en las instituciones nacionales y confirma que la batalla por la justicia se está desplazando fuera de las fronteras.
La “lluvia” de juicios políticos puede convertirse en un parteaguas o diluirse como tantas otras iniciativas. Todo dependerá de si logra romper la indiferencia institucional o si, como ha ocurrido antes, el sistema político mexicano encuentra la forma de absorber el golpe sin transformarse. Mientras tanto, las víctimas siguen esperando algo más que discursos: esperan respuestas.