El coordinador de Morena en San Lázaro afirma que el partido no protegerá a exfuncionarios y que corresponde a la Fiscalía determinar cualquier responsabilidad
Por Félix Muñiz
El caso de Audomaro Martínez Zapata, quien encabezó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, vuelve a colocar bajo escrutinio la transparencia de los servidores públicos y la obligación de rendir cuentas, luego de que se conociera que su declaración patrimonial permanecerá reservada hasta 2029.
En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, fue cuestionado sobre los señalamientos relacionados con el patrimonio del exjefe de inteligencia y evitó anticipar responsabilidades. Su respuesta fue que corresponderá a las instituciones de procuración de justicia determinar si existe alguna conducta ilícita.
“Morena no va a proteger a nadie, Morena no exculpa a nadie, cada uno tiene que responder por sus actos”, sostuvo el legislador.
La declaración ocurre en medio de cuestionamientos públicos por la decisión adoptada en septiembre de 2024 para reservar durante cinco años las declaraciones patrimoniales de Martínez Zapata y del personal del CNI. La resolución fue firmada por el entonces director del organismo el 27 de septiembre de ese año, tres días antes de concluir el sexenio de López Obrador, y la información permanecerá sin acceso público hasta septiembre de 2029.
El argumento utilizado para justificar la reserva fue que revelar los datos patrimoniales podría generar riesgos para la seguridad nacional y exponer a servidores públicos y sus familiares a amenazas, extorsiones u otras acciones de grupos criminales. Sin embargo, excomisionados del extinto Instituto Nacional de Transparencia han cuestionado que la pertenencia a una institución de seguridad implique necesariamente reservar íntegramente la información patrimonial, al considerar que podrían elaborarse versiones públicas con la protección de los datos sensibles.
El episodio resulta particularmente relevante por la naturaleza del cargo que ocupó Martínez Zapata: estuvo al frente del organismo responsable de tareas estratégicas de inteligencia y seguridad nacional durante el sexenio anterior. Precisamente por ello, la reserva de información patrimonial plantea un debate que rebasa el caso individual: hasta dónde debe llegar la protección de información sensible y dónde comienza la obligación de transparencia.
Monreal señaló que será la Fiscalía y el Ministerio Público quienes deberán determinar el nivel de responsabilidad que pudiera corresponder a Martínez Zapata o a cualquier otro exservidor público.
La postura del coordinador morenista deja así el caso en manos de las autoridades competentes, pero también evidencia una tensión que difícilmente puede ignorarse: un movimiento político que reivindica la honestidad como principio enfrenta ahora el desafío de demostrar que la exigencia de rendición de cuentas alcanza también a quienes ocuparon posiciones de máxima confianza dentro del Estado.