El priista advierte que la transformación del Poder Judicial no puede convertirse en una zona de opacidad, represalias o movimientos discrecionales
Por Félix Muñiz
El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, exigió al Órgano de Administración Judicial (OAJ) y al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) investigar, sin represalias y con garantías para quienes denuncien, los casos señalados públicamente de acoso, hostigamiento, violencia laboral y malos tratos dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF).
El reclamo resulta especialmente incómodo para una institución sometida a una profunda transformación: el propio primer informe del Tribunal de Disciplina Judicial reportó que entre las conductas identificadas en sus investigaciones se encuentran casos relacionados con violencia laboral, sexual y de género.
El legislador priista por el Estado de Coahuila Ruben Moreira pidió que las denuncias, incluidas las hechas públicas en Campeche, sean atendidas mediante procedimientos imparciales, protección a las personas denunciantes y sin prejuzgar sobre la responsabilidad de quienes hayan sido señalados. La exigencia es clara: investigar primero y encubrir jamás.
El legislador coahuilense Moreira Valdez también cuestionó la falta de claridad que, a su juicio, puede acompañar los movimientos de juezas, jueces, magistradas y magistrados. Demandó al OAJ publicar los criterios normativos, técnicos y administrativos utilizados para determinar adscripciones, readscripciones y cambios de sede, salvo la información que legalmente deba permanecer reservada.
Su argumento toca un punto delicado: la movilidad de personas juzgadoras no puede convertirse en un ejercicio de puertas cerradas. Moreira planteó emitir lineamientos generales sustentados en legalidad, transparencia, objetividad, seguridad jurídica e independencia judicial.
El señalamiento cobra relevancia porque la reforma constitucional de 2024 contempló un programa de movilidad para determinados juzgadores y asignó al OAJ funciones de administración del Poder Judicial.
El priista pidió además un diagnóstico público sobre la pérdida de personal con experiencia y especialización desde la entrada en operación del nuevo modelo judicial. El documento, dijo, debe precisar vacantes, separaciones, sustituciones y áreas afectadas, así como su impacto en las cargas de trabajo y en la calidad de la justicia.
Y todavía queda otro frente: Moreira reclamó transparentar el cumplimiento del Décimo Transitorio de la reforma judicial, que establece la protección de los derechos laborales y contempla recursos para pensiones complementarias y otras obligaciones laborales, además de indemnizaciones para determinadas personas juzgadoras que concluyeron su encargo.
La advertencia política de fondo es contundente: una reforma que promete transformar al Poder Judicial no puede sustituir viejas opacidades por nuevas zonas grises. Para Moreira, cada cambio de adscripción, cada denuncia laboral y cada obligación pendiente debe dejar rastro público, verificable y legal.