Acusa al gobierno estatal de convertir el operativo “Nuevo Nayarit” en una maquinaria de persecución patrimonial y criminalización ciudadana
Por Félix Muñiz
La polémica alrededor del operativo “Nuevo Nayarit” volvió a escalar luego de que la senadora del PAN Ivideliza Reyes Hernández denunciara públicamente un presunto uso faccioso de las instituciones de justicia en Nayarit, particularmente de la Fiscalía estatal, para intervenir en conflictos patrimoniales mediante operativos armados, detenciones y procesos penales cuestionables.
En conferencia de prensa en el Patio del Federalismo del Congreso de la Unión, acompaña por Apolonio Guzmán Franco, familiar de las víctimas de despojo en Nayarit y también de la abogada María Nicolasa García Reynoso, la legisladora panista por el Estado de Nayarit Ivideliza Reyes afirmó que lo que originalmente fue presentado como un programa de recuperación de bienes públicos “hoy enfrenta señalamientos por posibles abusos, despojos y criminalización de ciudadanos”.
La acusación no es menor. Reyes Hernández sostuvo que en Nayarit se ha normalizado el ingreso de fuerzas policiacas a propiedades privadas sin órdenes judiciales y la fabricación de delitos para justificar encarcelamientos preventivos. “Ningún conflicto sobre propiedad debe resolverse mediante operativos armados”, sentenció.
El caso que detonó nuevamente la controversia es el de la familia Guzmán Franco, originaria de Rincón de Guayabitos. Apolonio Guzmán Franco denunció que su familia ha enfrentado durante más de seis décadas intentos sistemáticos de despojo pese a contar, asegura, con certificados agrarios y documentación oficial que acredita la posesión legal de sus tierras desde 1968.
La denuncia adquiere tintes más delicados por la forma en que presuntamente actuaron las autoridades estatales. Según el testimonio presentado, el pasado 17 de abril personal del fideicomiso de Bahía de Banderas, acompañado por alrededor de 20 policías armados, ingresó sin orden judicial a la propiedad familiar, detuvo a cuatro personas y las mantuvo incomunicadas durante casi 20 horas.
Más grave aún resulta el señalamiento contra el juez Javier Alberto Rivas González, acusado de justificar medidas cautelares severas con argumentos que rozan la discriminación social.
Ser vendedor de hamburguesas, albañil, estudiante o incluso soltero habría sido utilizado como criterio para considerar a los detenidos “riesgo de fuga”.
La narrativa oficial de combate a irregularidades patrimoniales comienza así a fracturarse frente a denuncias de autoritarismo y abuso institucional. Mientras el gobierno estatal guarda silencio, crece la percepción de que la Fiscalía de Nayarit ha dejado de ser garante de justicia para convertirse, según sus críticos, en un instrumento de presión política y patrimonial.
La pregunta ya no es únicamente quién posee legalmente la tierra. La verdadera interrogante es hasta dónde puede llegar un gobierno cuando la justicia se utiliza como herramienta de intimidación.