La diplomacia parlamentaria panista busca que la Comisión Europea revise señalamientos sobre vigilancia, hostigamiento y libertad de prensa; el debate abre preguntas incómodas sobre los contrapesos en México
Por Félix Muñiz
La libertad de prensa no debería necesitar pasaporte para ser escuchada. Sin embargo, ante lo que el PAN describe como un deterioro de las condiciones para periodistas y medios independientes en México, el partido decidió llevar al Parlamento Europeo los señalamientos sobre hostigamiento y espionaje digital a periodistas.
A través de su estrategia de diplomacia parlamentaria, Acción Nacional informó que entregó expedientes y sostuvo reuniones con actores europeos.
Como resultado, Dolors Montserrat, vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), presentó una pregunta parlamentaria ante la Comisión Europea relacionada con informes sobre vigilancia y perfilamiento del llamado “ecosistema digital” contra periodistas y medios independientes en México.
El asunto no es menor. La propia Unión Europea y México firmaron en mayo de 2026 el Acuerdo Global Modernizado, que profundiza el diálogo político y contempla compromisos relacionados con derechos humanos, democracia y Estado de derecho. En julio, el Parlamento Europeo dio su consentimiento al acuerdo y destacó que incluye compromisos vinculantes en materia de principios democráticos, Estado de derecho y derechos humanos, además de reforzar el diálogo institucional sobre periodistas, sociedad civil y defensores de derechos humanos.
Ahí aparece la pregunta incómoda: ¿qué tan sólidos son los contrapesos nacionales cuando una fuerza política considera necesario recurrir a instancias internacionales para colocar bajo escrutinio asuntos relacionados con la libertad de expresión?
Jorge Romero sostuvo que acudir a foros y tratados internacionales constituye una vía válida para denunciar lo que el PAN considera intentos del Gobierno federal de limitar la libertad de expresión y de prensa.
Pero la diplomacia parlamentaria tampoco debería convertirse en sustituto de las instituciones mexicanas. Su utilidad dependerá de que los señalamientos presentados puedan ser revisados mediante evidencia, procedimientos y respuestas verificables, lejos de la lógica partidista.
La Comisión Europea, por su parte, cuenta con mecanismos de diálogo en derechos humanos con México, y la relación bilateral contempla expresamente la continuidad de ese intercambio.
El episodio coloca así sobre la mesa un asunto que trasciende al PAN y al gobierno en turno: la vigilancia digital, la seguridad de periodistas y la libertad de prensa requieren instituciones capaces de rendir cuentas.
Porque si la información sobre posibles prácticas de espionaje termina discutiéndose más en Bruselas que en México, el problema ya no sería solamente tecnológico. Sería también institucional.