Denuncia una “cortina de humo” y acusa persecución política contra la oposición
Por Félix Muñiz
La detención de Ernesto Ruffo Appel desató una nueva confrontación política entre el PAN y el gobierno federal, luego de que la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, calificó el proceso como un “golpe a la democracia” y afirmó que el exgobernador de Baja California es un “preso político”, en un caso que, sostuvo, pretende desviar la atención de los problemas más graves que enfrenta el país.
Entrevistada en el Senado de la República la legisladora panista Kenia López rechazó la versión del oficialismo de que la investigación por presunto huachicol fiscal sea resultado de una indagatoria sólida y aseguró que la acusación carece de lógica frente a la compleja estructura que requiere ese delito.
López Rabadán sostuvo que el huachicol fiscal no puede realizarse sin la participación o la omisión de diversas autoridades municipales, estatales y federales, por lo que consideró inverosímil atribuir a un político de oposición la capacidad de operar por sí solo una red de esa magnitud.
“Ernesto Ruffo es un preso político”, insistió, al afirmar que su detención constituye además una cortina de humo para evitar que la opinión pública se concentre en asuntos que, dijo, afectan la relación de México con sus principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá.
La diputada fue más allá y aseguró que el caso “ofende a la inteligencia de los mexicanos”, pues, desde su perspectiva, quienes realmente autorizan, permiten, distribuyen y comercializan el combustible ilegal forman parte de estructuras con capacidad de decisión dentro del aparato gubernamental.
En su crítica, recordó que Ernesto Ruffo Appel representa un símbolo de la transición democrática mexicana, al convertirse en el primer gobernador de oposición que logró derrotar al partido oficial mediante el voto ciudadano a finales de la década de los ochenta.
Por ello, afirmó que la detención no representa únicamente un ataque contra Acción Nacional, sino contra los avances democráticos construidos durante décadas.
López Rabadán también cuestionó el desarrollo del proceso judicial. Señaló que un juez de carrera había considerado previamente insuficientes las pruebas presentadas y acusó que posteriormente el expediente fue turnado a otra juzgadora, a la que calificó como una “jueza de acordeón”, donde finalmente se incorporó el nombre del exmandatario estatal.
Finalmente, la presidenta de la Cámara de Diputados aseguró que, independientemente del desenlace legal, Ernesto Ruffo Appel no recibió un trato digno ni la oportunidad de defenderse en condiciones de imparcialidad.
Para la legisladora del blanquiazul, la forma en que se ejecutó su captura refleja un uso político de la justicia que envía un mensaje de intimidación contra la oposición y representa uno de los episodios más delicados para la democracia mexicana en los últimos años.