La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum busca homologar el delito de feminicidio en todo el país, fortalecer la investigación y establecer sanciones de hasta 70 años de prisión
Por Félix Muñiz
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió este miércoles la iniciativa presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, una propuesta que busca unificar los criterios legales en todo el país para atender este delito y fortalecer la protección de los derechos de las mujeres.
Durante la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que el proyecto fue turnado a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, de Justicia y de Estudios Legislativos Primera del Senado, donde iniciará su proceso de análisis y dictaminación.
La iniciativa está integrada por 62 artículos y 12 disposiciones transitorias, organizadas en cinco títulos que abarcan las disposiciones generales, la tipificación del delito de feminicidio, los procedimientos para su investigación, los derechos de las víctimas y la reparación integral del daño, así como la política de Estado para prevenir y combatir este fenómeno.
Uno de los principales objetivos de la propuesta consiste en establecer un tipo penal homologado de feminicidio aplicable en toda la República, con el propósito de reducir las diferencias existentes entre las legislaciones estatales y garantizar una respuesta uniforme de las autoridades encargadas de investigar y sancionar este delito.
El proyecto también reconoce que la violencia feminicida afecta de manera diferenciada a diversos sectores de la población femenina, como niñas, adolescentes, mujeres con discapacidad, indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad, por lo que plantea mecanismos específicos de atención y protección.
La iniciativa establece que incurre en el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y concurran circunstancias como violencia sexual, lesiones degradantes, ataques con ácido, antecedentes de violencia familiar o de pareja, desaparición o privación ilegal de la libertad antes de la muerte, así como la exposición o abandono del cuerpo en espacios públicos, entre otros supuestos.
En materia de sanciones, la propuesta contempla penas de 50 a 70 años de prisión, además de multas de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Asimismo, prevé incrementar la pena hasta en una mitad cuando existan 19 agravantes, entre ellas que la víctima sea menor de edad, esté embarazada, tenga alguna discapacidad o pertenezca a una comunidad indígena.
Además de las penas privativas de libertad, la iniciativa incorpora medidas adicionales como la pérdida de la patria potestad sobre los hijos en común y de los derechos sucesorios respecto de los bienes de la víctima.
Con esta propuesta, el Congreso inicia el análisis de una legislación que busca fortalecer la prevención, investigación y sanción del feminicidio, así como consolidar una política nacional coordinada para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia.