La propuesta busca homologar el tipo penal y fortalecer la coordinación institucional para garantizar justicia y una vida libre de violencia para mujeres y niñas
Por Félix Muñiz
El Senado de la República recibió la iniciativa enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio. La propuesta representa un paso clave para homologar el tipo penal del delito en todo el país y establecer bases comunes que fortalezcan su investigación, sanción y prevención.
El proyecto de decreto plantea reformar el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de otorgar al Congreso facultades explícitas para emitir una legislación general que articule acciones coordinadas entre los distintos órdenes de gobierno.
La meta es clara: garantizar a mujeres y niñas el acceso efectivo a una vida libre de violencias.
Desde la tribuna institucional y en redes sociales, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, subrayó la relevancia de la propuesta al señalar que permitirá legislar “para que nunca más una mujer muera con violencia por el sólo hecho de ser mujer”. El mensaje refleja el consenso creciente en torno a la necesidad de fortalecer el marco jurídico frente a este delito.
De acuerdo con el documento publicado en la Gaceta del Senado, aunque en los últimos años se han registrado avances legislativos en las entidades federativas, el feminicidio continúa tipificado de manera diversa en los códigos penales estatales. Esta heterogeneidad normativa ha generado diferencias sustantivas en los elementos del tipo penal, criterios distintos para acreditar las razones de género, agravantes no homologadas, sanciones variables y desigualdad en los estándares de investigación.
La iniciativa advierte que esta disparidad provoca que hechos de naturaleza similar puedan ser investigados y sancionados de forma distinta dependiendo del estado en el que ocurran. Ello, señala el documento, debilita la eficacia del sistema de justicia penal y puede propiciar escenarios de impunidad.
Frente a este panorama, la propuesta presidencial considera indispensable contar con una ley general en materia de feminicidio que establezca bases homogéneas en todo el territorio nacional. Para lograrlo, se plantea dotar al Congreso de las facultades constitucionales necesarias para expedir una legislación que contemple un tipo penal uniforme, sanciones y agravantes claras, así como estándares de investigación con perspectiva de género.
Asimismo, la iniciativa busca fortalecer la coordinación entre la Federación y las entidades federativas, mejorar la articulación entre instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, y garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas, incluyendo mecanismos de reparación integral del daño.
Un punto relevante del proyecto es la protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio. Este sector enfrenta afectaciones emocionales, sociales y económicas que comprometen el ejercicio pleno de sus derechos, por lo que la legislación general contemplaría medidas específicas de atención y acompañamiento.
La recepción de esta iniciativa en el Senado abre un proceso de análisis y deliberación legislativa que podría sentar las bases de un marco jurídico más sólido y coherente a nivel nacional. Con esta propuesta, el Congreso tendría la posibilidad de avanzar hacia una política integral en materia de feminicidio, orientada a cerrar brechas legales, combatir la impunidad y reafirmar el compromiso del Estado mexicano con la protección de los derechos de las mujeres y las niñas.