Podría afectar a pequeños empresarios y no garantiza controles suficientes contra la corrupción y el huachicol fiscal
Por Félix Muñiz
La reforma a la Ley Aduanera enfrenta cuestionamientos por sus posibles efectos sobre las empresas y por las dudas en torno a los controles contra la corrupción.
El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, rechazó los cambios al considerar que modernizar los procedimientos no garantiza combatir las redes de contrabando si no se fortalecen la vigilancia y la rendición de cuentas de quienes operan las aduanas y los puertos del país.
Durante su intervención en tribuna, el legislador panista por el estado de Chihuahua Mario Vazquez advirtió que la evasión fiscal representa un daño para las finanzas públicas, pero sostuvo que la reforma no incorpora suficientes mecanismos de auditoría pública, trazabilidad de hidrocarburos ni rotación obligatoria de mandos para reducir los riesgos de complicidad en las operaciones aduaneras.
El cuestionamiento central del senador apunta a una contradicción: exigir mayores obligaciones a los importadores sin garantizar, al mismo tiempo, controles efectivos sobre los funcionarios responsables de vigilar el ingreso de mercancías. Desde esta perspectiva, una reforma que no cierre espacios a la corrupción podría aumentar las cargas administrativas sin atacar las estructuras que facilitan el comercio ilegal.
Vázquez Robles también aludió a investigaciones periodísticas sobre presuntas redes de contrabando de combustibles y mercancías que involucrarían a funcionarios y empresarios cercanos al poder. En ese contexto, mencionó los señalamientos políticos contra Andy López Beltrán y su círculo, al sostener que deben esclarecerse mediante investigaciones formales y pruebas, no mediante acusaciones que sustituyan los procedimientos legales.
Otro punto de preocupación son las nuevas reglas para el embargo precautorio. El senador alertó que eliminar el umbral del 50 por ciento entre el valor declarado y el registrado por la autoridad podría facilitar la retención de mercancías por diferencias menores, incluso cuando existan razones comerciales legítimas para explicar precios inferiores.
A ello se suma la exigencia de depósitos en efectivo en determinados casos cuando la discrepancia de valor alcanza el 20 por ciento. Para las pequeñas empresas, mantener recursos inmovilizados puede comprometer la compra de inventarios, el pago de proveedores y las nóminas.
Mientras las grandes compañías cuentan con mayor capacidad financiera para enfrentar contingencias, un negocio pequeño podría sufrir interrupciones operativas e incluso poner en riesgo empleos.
La advertencia plantea un desafío para la política aduanera: combatir la evasión fiscal sin convertir a los contribuyentes cumplidos en víctimas de procedimientos desproporcionados. Para Vázquez Robles, México necesita aduanas transparentes, controles verificables y responsabilidades claras.
El debate no se limita a modernizar trámites, sino a demostrar que la reforma puede cerrar espacios al contrabando sin castigar injustificadamente a quienes cumplen la ley.