PAN exige comparecencia de Rocha Moya en el Senado: presión política y dudas sobre la justicia en México
Por Félix Muñiz
En medio de una creciente tensión política y cuestionamientos sobre la capacidad del Estado mexicano para impartir justicia, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, anunció que su bancada exigirá la comparecencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El posicionamiento no es menor: Acción Nacional busca colocar en el centro del debate legislativo una acusación formal por narcotráfico presentada en Estados Unidos contra el mandatario estatal emanado de Morena.
Para el PAN, el caso no solo representa un escándalo político, sino una prueba crítica sobre si las instituciones mexicanas están dispuestas a actuar o permanecer pasivas frente a señalamientos de alto nivel.
“Queremos claridad”, sostuvo el legislador panista Ricardo Anaya, quien insistió en que Rocha Moya debe explicar públicamente las acusaciones en su contra.
El legislador subrayó que este tema será prioritario durante las sesiones de la Comisión Permanente, órgano que hoy inicia funciones en un contexto marcado por la polarización y la desconfianza.
Sin embargo, más allá del discurso político, el trasfondo revela un problema estructural: la dependencia de instancias extranjeras para detonar procesos judiciales en casos de alto perfil. Según lo expuesto por el propio Anaya, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos habría presentado una acusación formal, además de solicitar la detención con fines de extradición del gobernador sinaloense.
Este elemento ha encendido el debate sobre la soberanía y la eficacia del sistema de justicia nacional. La senadora panista Lilly Téllez fue aún más contundente al afirmar que resulta “lamentable” que las acciones legales provengan del extranjero y no de las autoridades mexicanas. Su declaración, aunque celebratoria hacia el actuar estadounidense, deja entrever una crítica directa a la inacción institucional en México.
El episodio también exhibe las tensiones dentro del Congreso. Durante la intervención de Anaya, se registraron interrupciones y confrontaciones verbales por parte de legisladores de otras fuerzas políticas, lo que evidencia un clima poco propicio para el debate serio que el propio senador exigía. “¿Por qué tienen miedo al debate?”, cuestionó desde tribuna, en una escena que refleja más el choque partidista que la deliberación democrática.
Más allá del ruido político, el proceso legislativo que podría derivarse de estas acusaciones es complejo y, para algunos, predecible. La Comisión Permanente tendría que convocar a un periodo extraordinario; posteriormente, la Cámara de Diputados decidiría si procede penalmente contra el gobernador, y finalmente el Congreso de Sinaloa determinaría su situación jurídica. En cada uno de estos pasos, Morena cuenta con mayoría, lo que abre la puerta a sospechas de encubrimiento o, en el mejor de los casos, a un conflicto de intereses.
El propio Anaya lo resumió en términos tajantes: “solo hay dos caminos: impunidad o justicia”. No obstante, la realidad política sugiere que el desenlace no dependerá únicamente de la gravedad de las acusaciones, sino de cálculos partidistas y correlaciones de fuerza.
En este escenario, la exigencia del PAN puede leerse tanto como un acto de fiscalización legítima como una estrategia política para capitalizar el desgaste del oficialismo. Lo preocupante es que, entre acusaciones, discursos y confrontaciones, el fondo del asunto —la posible infiltración del crimen organizado en el poder público— corre el riesgo de diluirse en la disputa partidista.
La Comisión Permanente arranca así bajo una sombra incómoda: la de decidir si será un espacio para esclarecer los hechos o simplemente otro capítulo en la larga historia de polarización política en México.