Con 104 votos a favor, la Cámara Alta establece nuevos controles para prestadores de servicios y obliga a verificar la relación legal de adultos que viajen con niñas, niños y adolescentes
Por Félix Muñiz
El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma para fortalecer el combate a la explotación sexual y la pornografía infantil en el sector turístico, mediante nuevas obligaciones para los prestadores de servicios y mecanismos de prevención orientados a proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes.
Con 104 votos a favor, el Pleno avaló el proyecto de decreto que modifica la Ley General de Turismo y establece que los prestadores de servicios deberán aplicar los protocolos y acciones preventivas determinados por las autoridades competentes, bajo el principio del interés superior de la niñez.
La reforma dispone además que, antes de prestar un servicio, los establecimientos deberán implementar medidas de seguridad para salvaguardar la integridad y la vida de menores, tanto en operaciones presenciales como aquellas realizadas mediante medios electrónicos.
Uno de los principales mecanismos de protección consiste en que los prestadores turísticos deberán solicitar a quienes viajen acompañados de menores acreditar el parentesco, la patria potestad, tutela o guarda y custodia correspondiente. También deberán comprobar, mediante documentación oficial, la mayoría de edad cuando resulte necesario.
En caso de incumplimiento, el servicio deberá ser negado y se tendrá que informar a las autoridades investigadoras sobre la posible comisión de algún delito. El dictamen fue remitido al Ejecutivo Federal para los efectos correspondientes.
Durante la discusión, legisladores de distintos grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de cerrar espacios a la explotación sexual infantil en hoteles, alojamientos y otros servicios turísticos.
El senador Francisco Alejandro Carrillo Flores, de Morena, sostuvo que el turismo debe generar bienestar y oportunidades, pero requiere responsabilidades claras para prevenir delitos contra la infancia. Su compañera de bancada, Alejandra Arias Trevilla, enfatizó que los nuevos controles no buscan obstaculizar la actividad turística, sino establecer mecanismos de prevención.
Desde MC, Alejandra Barrales Magdaleno señaló que el turismo también puede representar riesgos para niñas, niños y adolescentes, mientras que la priista Carolina Viggiano Austria consideró que la acreditación del vínculo con los menores constituye una primera línea de protección.
Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, afirmó que la niñez no debe ser objeto de explotación, en tanto Angélica Montes Rentería, del PVEM, advirtió que el crecimiento económico del turismo no puede coexistir con espacios para delitos contra menores.
La panista Laura Esquivel Torres destacó que la industria turística tiene una responsabilidad fundamental en la protección de la infancia.
El dictamen refiere datos de World Vision México que ubican a México entre los principales destinos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, así como en una posición crítica respecto al consumo de pornografía infantil.