Colegio de Abogados y organizaciones civiles entregan al Senado una solicitud formal para desaparecer los poderes en Sinaloa
Por Félix Muñiz
La crisis de inseguridad en Sinaloa alcanzó un nuevo nivel de confrontación política y social luego de que integrantes del Colegio de Abogados y representantes de la sociedad civil entregaran al Senado de la República una solicitud formal de desaparición de poderes en la entidad, argumentando que los ciudadanos viven una situación de terror derivada de la violencia, la impunidad y el presunto vínculo entre autoridades y grupos criminales.
Respaldados por la senadora del PRI, Paloma Sánchez Ramos, los promoventes denunciaron que durante más de 21 meses Sinaloa ha permanecido atrapado en una espiral de violencia que ha dejado miles de víctimas, una economía devastada y una población sometida al miedo.
En conferencia de prensa en el Senado, la legisladora priista por el Estado de Sinaloa Paloma Sánchez sostuvo que el gobierno de Morena ha ignorado sistemáticamente la realidad que enfrentan los sinaloenses y afirmó que bastaría una llamada política para que la mayoría oficialista en el Congreso aprobara la desaparición de poderes en el estado.
“Si de verdad quieren evitar que el Gobierno de Estados Unidos siga exhibiendo a México, lo único que se necesita es voluntad política para actuar en Sinaloa”, afirmó la legisladora priista.
Las cifras presentadas son alarmantes: 2 mil 815 homicidios, 3 mil 878 personas desaparecidas, más de 10 mil vehículos robados, 3 mil 817 negocios asaltados, una caída del 35 por ciento de la economía estatal y pérdidas económicas estimadas en 170 mil millones de pesos. A ello se suman 38 mil empleos perdidos y casi 7 mil empresas que han cerrado sus puertas.
Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, aseguró que Sinaloa enfrenta “la peor tragedia de su historia” y acusó a las autoridades estatales de haber permitido que el crimen organizado penetrara las instituciones públicas.
Según el abogado, la violencia ha obligado a miles de familias a modificar completamente sus hábitos de vida, limitar sus desplazamientos e incluso abandonar la entidad ante el temor de convertirse en víctimas de delitos. “Lo que vivimos es de terror. Ya no sabemos si cuidarnos del crimen o del gobierno porque parecen ser lo mismo”, denunció.
Las acusaciones también alcanzaron al actual grupo político que gobierna el estado. Los representantes de la sociedad civil señalaron que la salida de Rubén Rocha Moya no ha significado ningún cambio de fondo, ya que consideran que la administración actual mantiene los mismos intereses y estructuras de poder.
Además, criticaron la estrategia federal de seguridad, al señalar que la militarización de ciudades como Culiacán no ha impedido balaceras, robos, asesinatos ni desapariciones, mientras las autoridades continúan presentando estadísticas que, a juicio de los ciudadanos, no reflejan la realidad que se vive en las calles.
La solicitud entregada al Senado busca que se analice la desaparición de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Sinaloa bajo el argumento de que ambos han perdido la capacidad de garantizar gobernabilidad, seguridad y respeto a los derechos fundamentales.
Mientras Morena mantiene el control del Congreso, las voces que exigen una intervención extraordinaria advierten que el tiempo se agota para una entidad que, según denuncian sus habitantes, se encuentra atrapada entre la violencia criminal, la parálisis económica y la ausencia de respuestas efectivas por parte de las autoridades.