Sostiene que el señalamiento sobre México como epicentro de la violencia criminal exhibe una crisis de seguridad que, afirma, el gobierno mexicano no ha resuelto
Por Félix Muñiz
La declaración del presidente Donald Trump de que México es el “epicentro” de la violencia provocada por los cárteles abrió nuevamente el debate sobre la crisis de seguridad, la presencia del crimen organizado y la capacidad del Estado mexicano para combatirlo. Ante ello, el senador Marko Cortés Mendoza sostuvo que el señalamiento estadounidense refleja una realidad que, desde su perspectiva, no puede seguir siendo ignorada.
En entrevista el legislador del PAN por el Estado de Michoacán Marco Cortés afirmó que el narcotráfico y la violencia criminal han adquirido una dimensión nacional y responsabilizó a la estrategia gubernamental de haber permitido, según su interpretación, una expansión de los grupos delictivos.
El político michoacano Cortés Mendoza recordó las denuncias de su partido durante el proceso electoral de 2021, al que calificó como uno de los más violentos de la historia reciente, y aseguró que entonces se documentaron asesinatos, secuestros, agresiones y casos de candidatos obligados a abandonar las contiendas. Señaló que esas denuncias fueron llevadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA.
El senador también lanzó acusaciones contra el gobierno de Morena por presunto encubrimiento de funcionarios señalados desde Estados Unidos. Mencionó particularmente los casos de Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza, y cuestionó que investigaciones relacionadas con posibles vínculos criminales tengan que avanzar desde el extranjero.
“No se hizo esto que prometieron de barrer las escaleras de arriba hacia abajo”, afirmó Cortés, al considerar que la impunidad debe enfrentarse desde las instituciones mexicanas y no depender de acciones de autoridades estadounidenses.
Sobre el proceso electoral de 2027, advirtió que la participación del crimen organizado en elecciones representa un riesgo que, a su juicio, exige consecuencias jurídicas antes de que comiencen las campañas.
El debate se intensificó luego de que Trump reiterara ante la Asamblea General de Naciones Unidas su disposición a utilizar la fuerza militar contra organizaciones criminales en América Latina.
Sin embargo, convertir la crisis de seguridad mexicana en argumento para justificar una eventual intervención militar extranjera abre un segundo problema: la defensa de la soberanía nacional. La discusión, por tanto, no puede reducirse a aceptar o rechazar las palabras de Trump, sino a exigir resultados concretos frente al crimen organizado y responsabilidades para quienes resulten jurídicamente involucrados.