El tricolor exige medidas cautelares y fiscalizar el origen de los recursos utilizados en actos de posicionamiento rumbo a las elecciones de 2027
Por Félix Muñiz
La carrera electoral rumbo a 2027 apenas comienza formalmente y la disputa por las gubernaturas ya abrió otro frente en el Instituto Nacional Electoral (INE). El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una queja contra diez llamados “Coordinadores Estatales” de Morena, a quienes acusa de realizar actos anticipados de precampaña y campaña mediante eventos, actividades y propaganda destinados, según el tricolor, a posicionarlos antes de los tiempos establecidos por la legislación.
La denuncia, presentada por Emilio Suárez Licona, representante del PRI ante el INE, solicita medidas cautelares para suspender esas actividades y pide además la intervención de la Unidad Técnica de Fiscalización. El objetivo, según el partido, es que los denunciados expliquen el origen de los recursos utilizados en sus eventos y que se verifique si fueron reportados correctamente en el Sistema Integral de Fiscalización.
Los señalados son Nora Ruvalcaba Gámez, de Aguascalientes; Julieta Ramírez, de Baja California; Pablo Gutiérrez Lázarus, de Campeche; Rosa María Bayardo, de Colima; Beatriz Mojica, de Guerrero; Carlos Torres Piña, de Michoacán; Santiago Nieto Castillo, de Querétaro; Eugenio “Gino” Segura, de Quintana Roo; Imelda Castro, de Sinaloa, y Verónica Díaz Robles, de Zacatecas.
El PRI sostiene que Morena utiliza una denominación partidista para disfrazar actividades que, por su contenido y reiteración, tendrían una finalidad electoral. El argumento coloca nuevamente sobre la mesa una vieja discusión: hasta dónde puede llegar un partido en sus procesos internos antes de convertir la promoción de sus figuras en una campaña adelantada.
La controversia no es menor. En septiembre comenzó formalmente el Proceso Electoral Federal 2026-2027, mientras diversos actores políticos han advertido sobre la necesidad de contener actos anticipados y garantizar equidad. El propio INE ha señalado que la fiscalización y el control de estos actos forman parte de los retos centrales del proceso.
En paralelo, el PRI celebró resoluciones recientes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) relacionadas con mecanismos de verificación para preservar la independencia de la observación electoral y con reglas de selección de capacitadores y supervisores.
Así, mientras Morena enfrenta señalamientos por presunto posicionamiento anticipado y el PRI busca llevar la disputa al terreno de la fiscalización, el árbitro electoral tendrá que determinar si los actos denunciados cruzan la frontera entre actividad partidista y promoción electoral. La denuncia, por ahora, es eso: una acusación pendiente de resolución, no una sanción.